El expresidente acusa a organizaciones de incitar violencia y exige frenar financiamiento; señala directamente a CHIRLA por protestas en Los Ángeles
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó este sábado a su Administración a cortar los fondos federales a organizaciones no gubernamentales presuntamente implicadas en disturbios, sin esperar la resolución legislativa que promueve el Congreso al respecto.
A través de su red Truth Social, Trump respaldó la iniciativa del congresista republicano Kevin Kiley titulada “NO A LOS IMPUESTOS PARA DISTURBIOS”, aunque advirtió que la decisión de suspender el financiamiento se aplicará independientemente de su avance legislativo.
“Instruyo a mi Administración a no pagar nada a estos grupos radicalizados, independientemente de dicha legislación”, escribió. Acusó a esas organizaciones de “incitar disturbios, incendiar o destruir una ciudad” y luego solicitar fondos “para ayudar a reconstruirla”. Concluyó su mensaje con un enérgico “¡¡¡NO MÁS DINERO!!!”.
La propuesta de ley de Kiley busca impedir que las ONG involucradas en la organización de “disturbios ilegales” reciban fondos públicos o beneficios fiscales. También plantea endurecer las penas por agredir a agentes federales y por interferir en operaciones migratorias, como las del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En su exposición de motivos, Kiley acusó directamente a la Coalición por los Derechos Humanos de los Migrantes de Los Ángeles (CHIRLA), organización a la que responsabiliza de participar activamente en las recientes protestas contra redadas del ICE en Los Ángeles.
El legislador aseguró que CHIRLA recibió 34 millones de dólares en fondos estatales y que “desempeñó un papel fundamental” en los disturbios, al difundir en tiempo real la ubicación de las operaciones migratorias.
Sin embargo, un portavoz de CHIRLA negó cualquier implicación en los hechos violentos y defendió la labor legal de la organización en defensa de los derechos humanos de los migrantes.
Actualmente, CHIRLA está bajo investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, que indaga si la organización utilizó subvenciones federales obtenidas durante la presidencia de Joe Biden para fomentar las protestas. Las pesquisas también buscarán determinar si se violaron los términos del financiamiento público.