La Comisión Federal de Comercio acusa a Meta de prácticas anticompetitivas por las adquisiciones de Instagram y WhatsApp.

Mark Zuckerberg compareció este lunes ante un tribunal federal en Washington D.C., en el inicio de un juicio clave en el que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) acusa a Meta Platforms Inc. de prácticas monopólicas.

La FTC alega que las adquisiciones de Instagram (2012) y WhatsApp (2014) no fueron simples decisiones de expansión, sino estrategias deliberadas para neutralizar a competidores emergentes y así afianzar un monopolio en el mercado de redes sociales personales.

Durante su testimonio, Zuckerberg defendió las operaciones, recordando que fueron aprobadas por los reguladores en su momento y subrayó que el entorno actual es muy distinto al de hace una década, con nuevos competidores como TikTok, YouTube y X (antes Twitter) ganando terreno.

“El mercado ha cambiado. No somos los únicos. Hay plataformas enormes compitiendo por la atención de los usuarios”, argumentó el CEO de Meta.

Por su parte, la defensa legal de Meta acusa a la FTC de ignorar la realidad del mercado actual, en donde, aseguran, la innovación y la competencia están más vivas que nunca.

¿Qué busca la FTC?

La demanda, que data de 2020 durante la administración Trump, propone una medida drástica: obligar a Meta a desprenderse de Instagram y WhatsApp. Según la FTC, estas adquisiciones:

  • Reducen la innovación tecnológica

  • Limitaron las opciones del consumidor

  • Fortalecieron un ecosistema cerrado difícil de desafiar por nuevas empresas

Un caso con alto impacto

El juicio es presidido por el juez federal James Boasberg y se perfila como uno de los más relevantes en la actual ofensiva regulatoria contra los gigantes tecnológicos.

Su desenlace podría redefinir los límites del poder corporativo en Silicon Valley, y sentar precedentes para futuros casos antimonopolio contra empresas como Amazon, Apple o Google.

El juicio apenas comienza, pero su veredicto —esperado para los próximos meses— podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las grandes tecnológicas.

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