Ambos fueron acusados por delitos relacionados con el manejo indebido de restos humanos; la ONU exigió una investigación con estándares internacionales.
Ciudad Juárez, Chihuahua (Marcrix Noticias).– El dueño y un trabajador del crematorio Plenitud, donde recientemente fueron localizados al menos 383 cadáveres en estado de abandono, fueron vinculados a proceso penal por delitos relacionados con el manejo indebido de restos humanos.
El juez de Control, Apolinar Juárez Castro, dictó además prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Los imputados, José Luis A.C. (propietario) y Facundo Teófilo M.R. (empleado), decidieron no rendir declaración ante el juez.
Sus abogados argumentaron que no cometieron ningún delito, sino que incurrieron en faltas administrativas derivadas de la falta de supervisión, por parte de autoridades como Coespris, Ecología, Protección Civil y Desarrollo Urbano.
Afirmaron además que la licencia del crematorio estaba vigente y que no existe una regulación clara sobre la cantidad máxima de cuerpos que puede haber en un establecimiento.
Sin embargo, el Ministerio Público les imputó dos delitos:
- Uno local, previsto en el Artículo 202 del Código Penal de Chihuahua, que sanciona a quien oculte, destruya o sepulte un cadáver sin autorización.
- Y uno federal, del artículo 462 de la Ley General de Salud, que contempla hasta 17 años de prisión a quien conserve o utilice cadáveres de forma ilícita.
El juez determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal y señaló que el caso, aunque involucra un delito federal, puede ser atendido por su tribunal debido a su impacto de interés público y social.
El hallazgo de los 383 cuerpos ocurrió en el inmueble ubicado sobre la carretera Panamericana, en la colonia Granjas Polo Gamboa.
De acuerdo con el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ya han sido analizados 148 cuerpos, y 27 de ellos podrían ser identificados gracias a pulseras hospitalarias que aún portaban. Además, explicó que los restos están siendo rehidratados para facilitar su identificación.
Ante la magnitud del caso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), emitió un pronunciamiento en el que exigió que la investigación se realice bajo estándares internacionales, garantizando el trato digno y el respeto a las personas fallecidas.
El organismo recordó que los restos humanos deben ser tratados con respeto, conforme a principios éticos, sociales, culturales y legales, sin importar su origen o condición.
Subrayó que todas las personas fallecidas tienen derecho a ser reconocidas, tratadas con dignidad y que sus familias puedan cerrar su duelo de manera adecuada.
El caso continúa bajo investigación y ha generado un debate sobre las condiciones de operación de los crematorios en el país, así como sobre la supervisión por parte de las autoridades sanitarias y municipales.