Aunque los cruces ilegales han disminuido, la estrategia busca disuadir cualquier intento de ingreso entre los puertos oficiales.
Estados UnidoS (Marcrix Noticias)-Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha implementado medidas severas contra la comunidad migrante en Estados Unidos, que van desde arrestos hasta deportaciones masivas.
Con el paso de las semanas, el gobierno estadounidense ha triplicado la presencia de tropas en la frontera con México y aunque los cruces ilegales han disminuido, la estrategia busca disuadir cualquier intento de ingreso entre los puertos oficiales.
“La disuasión puede parecer aburrida, pero sabemos que nuestra presencia hace la diferencia”, afirma la sargento Ana Harker-Molina, de 24 años, mientras vigila desde un puesto de observación.
Migrante panameña que obtuvo la ciudadanía estadounidense mientras servía, Harker-Molina encarna una de las múltiples paradojas de esta misión.
La operación es dirigida desde un nuevo centro de mando ubicado en una base militar al pie de las montañas Huachuca.
Allí, mapas digitales y equipos de inteligencia coordinan los movimientos en los más de 3,200 kilómetros de frontera. Esta colaboración entre militares y agentes de la Patrulla Fronteriza permite actuar con rapidez en zonas remotas y estratégicas. Según el general de división Scott Naumann, la misión ha liberado a las tropas de tareas logísticas para enfocarse en acciones de campo.
“No tenemos límites sindicales ni horarios establecidos. Podemos enviar soldados de inmediato a donde se necesite, incluso por vía aérea”, señala.
Sin embargo, esta expansión del rol militar en la frontera ha generado fuertes cuestionamientos legales y éticos. En abril, grandes tramos fueron designados como zonas militarizadas, lo que faculta a soldados para detener a migrantes en bases militares y presentar cargos penales adicionales.
Esto representa una ruptura con el principio de que las labores de seguridad interna son responsabilidad exclusiva de fuerzas civiles.
Dan Maurer, jurista y exjuez militar, señala que la estrategia es agresiva y está diseñada para enviar un mensaje político claro. Sin embargo, también coloca al ejército en un terreno ambiguo, que podría contradecir la Ley Posse Comitatus, una legislación de 1878 que prohíbe al ejército asumir funciones policiales dentro del país.
Para analistas como Joshua Kastenberg, exjuez de la Fuerza Aérea, el uso de bases militares para detener migrantes “se sitúa en una zona gris legal”. A pesar de ello, algunos expertos, como el exdirector de la Patrulla Fronteriza Michael Fisher, ven en el despliegue un “multiplicador de fuerzas” que permite a los agentes cubrir territorios que antes quedaban sin vigilancia.
El uso del ejército para frenar la migración también se ha extendido más allá del desierto.
Tropas han sido movilizadas para proteger edificios federales en Los Ángeles durante protestas contra detenciones migratorias y, según fuentes oficiales, el gobierno planeaba habilitar bases militares en Florida, Nueva Jersey, Indiana y Texas para albergar a migrantes detenidos.
Mientras continúa el debate sobre los límites legales y éticos de esta estrategia, lo cierto es que la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en un escenario de vigilancia militarizada sin precedentes, donde el cruce de alambres y desiertos ya no solo implica el riesgo del terreno, sino también la mirada constante de soldados armados.