Los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa generan presión política y tensan la relación bilateral.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La acusación contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha generado un nuevo escenario de presión para el gobierno de México.
El señalamiento incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez. De acuerdo con la información, se trata de un hecho inusual en la relación entre ambos países al involucrar a autoridades en funciones elegidas por voto popular.
El caso se presenta en un momento clave para la administración de Claudia Sheinbaum, quien mantiene una agenda de cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad, migración y economía.
Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que “demostrará con toda contundencia” que los señalamientos “carecen de veracidad y fundamento alguno”. También calificó las imputaciones como “una insidia dirigida a Morena”.
El mandatario estatal ha sido considerado un actor político cercano al movimiento que llevó al poder a Sheinbaum, lo que añade presión al gobierno federal ante la necesidad de posicionarse frente a los señalamientos.
Tensión bilateral
La acusación surge en un contexto de alta exigencia por parte de Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado. La estrategia del gobierno mexicano ha buscado mantener una relación de cooperación sin subordinación.
En este escenario, el caso también coincide con la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que incrementa su relevancia en la agenda diplomática.
Escenario interno y seguridad
Por otra parte, el contexto en Sinaloa también añade complejidad, tras episodios recientes de violencia vinculados a disputas entre grupos del crimen organizado. Según los datos, más de 2 mil 400 personas han muerto y cerca de 2 mil han sido reportadas como desaparecidas.
A nivel nacional, el gobierno ha reforzado operativos contra grupos criminales y ha reportado detenciones, decomisos y desmantelamiento de laboratorios.