Antonio María “N”, sacerdote de la congregación Legionarios de Cristo, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en tres delitos de violación en contra de una menor de edad.
Los hechos habrían ocurrido entre 2004 y 2011 en un domicilio del municipio de Naucalpan, Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que durante la audiencia realizada en los Juzgados de Control de Tlalnepantla, el Ministerio Público presentó pruebas sólidas que permitieron al juez iniciar el proceso penal. Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva, además de fijarse un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Antonio “N” fue detenido recientemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en una operación conjunta entre la FGJEM, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Oficina de Interpol México. En ese momento se cumplimentó la orden de aprehensión emitida por un juez estatal.
Según la investigación, el primer acto delictivo habría ocurrido el 16 de mayo de 2004, cuando la víctima tenía apenas siete años.
El segundo, el 28 de abril de 2007, supuestamente incluyó amenazas para cometer la agresión. El tercer hecho se habría registrado el 23 de diciembre de 2011. La denuncia fue presentada por la víctima en diciembre de 2024, lo que permitió iniciar la carpeta de investigación correspondiente.
Antonio María “N”, de 68 años, fue identificado además como académico con cargos anteriores como director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac y del Centro de Desarrollo Estratégico en Bioética. Hasta el momento, ni la congregación religiosa ni las instituciones educativas vinculadas han emitido un pronunciamiento oficial.
Este caso se suma a una serie de escándalos que han afectado a los Legionarios de Cristo, congregación marcada por las denuncias contra su fundador, Marcial Maciel, quien fue acusado de abusos sexuales durante décadas y sancionado por el Vaticano en 2006.
Las autoridades reiteraron que el imputado goza de la presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia definitiva por parte de un tribunal competente.