La iniciativa plantea que los aspirantes renuncien a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatos y extiende la restricción a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

Ciudad de México (Marcrix Noticias).– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para impedir que quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México mantengan una doble nacionalidad.

La propuesta establece que las personas interesadas en ocupar alguno de estos cargos deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatas y conservar únicamente la mexicana durante el ejercicio de sus funciones.

Sheinbaum explicó durante su conferencia matutina que la iniciativa busca garantizar que quienes encabecen los Poderes Ejecutivos federal y estatales antepongan los intereses de México a los de cualquier otro país.

“Para ello le pedí a Luisa María Alcalde, consejera jurídica, que pueda presentar esta iniciativa”, señaló la mandataria.

El proyecto fue elaborado y revisado por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, y el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, quienes analizaron los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución relacionados con los requisitos de nacionalidad para ocupar estos cargos.

Alcalde Luján explicó que actualmente dichos artículos establecen requisitos relacionados con la nacionalidad para ejercer la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, mientras que el artículo 32 constitucional señala que los cargos que requieren ser mexicano por nacimiento están reservados para quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.

Sin embargo, consideró que la actual redacción ha generado un “vacío” y “confusiones interpretativas”, debido a que no establece expresamente qué ocurre cuando una persona mexicana por nacimiento posee también la ciudadanía de otro país.

Para cerrar ese vacío, la reforma propone establecer como requisito para ocupar la Presidencia de la República ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de que una persona tenga doble nacionalidad, deberá renunciar a la extranjera antes de solicitar su registro como candidata. La misma disposición se aplicaría a quienes busquen gobernar alguno de los estados del país o encabezar el Gobierno de Ciudad de México.

Las restricciones continuarían una vez que la persona asuma el cargo. Durante su mandato no podría adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar una ciudadanía extranjera ante las autoridades de otro país.

También quedaría prohibido utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer ante ese país los derechos políticos derivados de su ciudadanía o acogerse a su protección diplomática.

El incumplimiento de estas disposiciones sería sancionado conforme al Título Cuarto de la Constitución, que regula las responsabilidades de los servidores públicos.

Alcalde adelantó que, en caso de que la reforma constitucional sea aprobada, el Gobierno federal propondrá posteriormente modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona con doble nacionalidad pueda acreditar que renunció a una de ellas.

El procedimiento contemplaría que el aspirante realice los trámites correspondientes antes de acudir ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar su registro como candidato.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y eventual aprobación. Al tratarse de una modificación constitucional, deberá cumplir con el procedimiento establecido para reformar la Carta Magna.

La propuesta comenzó a tomar forma el martes 25 de agosto, cuando Sheinbaum planteó públicamente la posibilidad de impedir que presidentes y gobernadores mantengan una doble nacionalidad. Un día después, señaló que la medida también pretende cerrar una posible puerta al “injerencismo” extranjero.

El planteamiento surgió además en medio de la discusión sobre el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y cuya extradición ha sido solicitada por México a Estados Unidos.

Durante la presentación de la iniciativa, Arturo Zaldívar también abordó los criterios judiciales relacionados con los derechos políticos de personas sujetas a procesos penales y explicó que la existencia de una orden de aprehensión, por sí sola, no necesariamente impide que una persona busque registrarse como candidata.

“Una orden de aprehensión (…) no impide que alguien se registre para poder ser candidato”, explicó.

Zaldívar aclaró que no se refería a un caso particular y señaló que impedir automáticamente una candidatura por una orden de aprehensión podría abrir la posibilidad de utilizar este mecanismo para excluir a una persona de una contienda electoral.

En caso de presentarse una situación de este tipo, explicó, correspondería al Tribunal Electoral analizar y resolver el caso, tomando en cuenta los precedentes existentes y la protección de los derechos político-electorales.

El funcionario distinguió este escenario de aquel en el que una persona sea vinculada a proceso durante una campaña y se le imponga prisión preventiva, pues en esas condiciones señaló que “por razones obvias” ya no podría competir ni ejercer el cargo.

Zaldívar recordó que los criterios judiciales actuales son distintos a los que prevalecían en 2005, cuando Andrés Manuel López Obrador fue desaforado, pues en aquella época prácticamente cualquier procedimiento de carácter penal podía convertirse en un impedimento para registrar una candidatura.

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