La reforma crea la Agencia de Transformación Digital y modifica el uso del espectro radioeléctrico, mientras la oposición advierte intentos de control y censura.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se establece una profunda reestructuración institucional en el sector y se extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá las funciones del IFT como autoridad reguladora.
Además, se establece la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un órgano desconcentrado de la ATDT con autonomía técnica y operativa.
El dictamen, que fue enviado a la Cámara de Diputados, eliminó el polémico artículo 109, que permitía el bloqueo temporal de plataformas digitales, en respuesta a preocupaciones sobre censura.
Sin embargo, se mantiene la facultad de la Secretaría de Gobernación para suspender publicidad proveniente de gobiernos extranjeros, salvo que sea de carácter cultural, deportivo o turístico.
A pesar de los cambios, senadores del PAN, PRI y otras bancadas de oposición calificaron la ley como un intento de control político y censura. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que la legislación podría facilitar el espionaje y el silenciamiento de medios críticos.
#Morena quiere el poder absoluto sobre los medios de comunicación y el ecosistema digital. Por eso, desde el @SenadoPRI votaremos EN CONTRA ❌ de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión o mejor dicho la #LeyCensura que porsupuesto va en contra de la libertad de expresión.… pic.twitter.com/TNwfb0QGfh
— Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) June 29, 2025
Por su parte, el senador morenista Javier Corral defendió el dictamen y afirmó que se logró una ley “más sólida, justa e incluyente”, al tiempo que destacó el impulso a medios comunitarios, indígenas y sociales, con nuevos mecanismos de financiamiento.
Uno de los ejes principales de la nueva legislación, es el fortalecimiento de los derechos de las audiencias. Se recupera la figura del defensor de audiencia y se refuerzan medidas para evitar la desinformación.
También se establece que la radiodifusión y las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general.
La Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión pondera una visión social, y no, como históricamente ocurría, en beneficio solo de los grandes consorcios. Sabemos que en toda ley siempre hay descontentos, y más cuando intervienen tantos ámbitos y actores, lo que puedo… pic.twitter.com/9BSL1XMhNi
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) June 29, 2025
La ley incorpora un enfoque multicultural y de derechos humanos, garantizando el acceso equitativo a tecnologías de la información, especialmente en comunidades indígenas, afromexicanas y zonas rurales.
Asimismo, se implementan beneficios fiscales y descuentos para operadores que ofrezcan servicios en regiones de difícil acceso, con el fin de cerrar la brecha digital.
El nuevo marco legal también redefine los mecanismos para la asignación del espectro radioeléctrico, permitiendo esquemas de uso compartido, pruebas tecnológicas, redes inteligentes y plataformas de gran altitud. Las concesiones sociales y públicas estarán exentas de pago y se promoverá la inclusión de pequeños operadores.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones será responsable de dictar resoluciones técnicas, aplicar sanciones, emitir autorizaciones experimentales y coordinar la implementación de nuevas tecnologías.
El dictamen establece reglas para la independencia editorial, la autonomía financiera, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los medios públicos. También se prohíbe la transmisión de propaganda presentada como contenido informativo y se impide la injerencia extranjera en medios nacionales.
La nueva ley fue resultado de cinco conversatorios en los que participaron más de 80 especialistas. Se espera que el debate continúe en la Cámara de Diputados, donde deberá ser ratificada antes de entrar en vigor.