Óscar Rébora justificó ante el Congreso la autorización del proyecto, pese a que las obras iniciaron sin permisos y la SEMA no tenía facultades para aprobarlo.
Chetumal (Marcrix Noticias).– El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, aseguró que la dependencia actuó de buena fe al otorgar la autorización ambiental al proyecto inmobiliario Alux 33, en Puerto Morelos, pese a que un juez federal determinó que la evaluación correspondía a la Federación.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección al Bienestar Animal del Congreso de Quintana Roo, el funcionario fue cuestionado por la diputada Andrea del Rosario González Loría sobre las irregularidades en la autorización del desarrollo, que había comenzado su construcción sin contar con los permisos correspondientes.
“La Secretaría actúa de buena fe, con el marco legal local y conforme a lo oficial”, respondió Rébora Aguilera, quien argumentó que existe una ambigüedad jurídica respecto a la definición de ambiente costero y las competencias de las autoridades estatales y federales.
El proyecto Alux 33 contempla la construcción de un edificio de seis niveles y 34 viviendas en Puerto Morelos, a aproximadamente 120 metros del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, según información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Sin embargo, el desarrollo había iniciado obras sin autorizaciones, motivo por el cual fue denunciado y clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Posteriormente, los desarrolladores obtuvieron una licencia de construcción municipal y, en 2024, solicitaron la autorización de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero esta fue negada debido a que los trabajos habían comenzado sin los permisos requeridos.
A pesar de estos antecedentes, la SEMA otorgó una autorización ambiental al proyecto, decisión que fue impugnada mediante un amparo promovido por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Al resolver el recurso, el Juzgado Noveno de Distrito determinó que la dependencia estatal había invadido facultades federales y ordenó dejar sin efecto la autorización.
Durante su comparecencia, Óscar Rébora confirmó que la SEMA acató la sentencia y declaró insubsistente el permiso, aunque aclaró que la empresa todavía puede impugnar legalmente la resolución, por lo que el caso no está concluido.
El funcionario también sostuvo que el predio ya se encontraba desmontado desde tiempo atrás, que no tenía manglar al momento de su evaluación y que estaba ubicado dentro de una zona regulada por el Programa de Desarrollo Urbano.
Explicó que la dependencia consideró los instrumentos locales de ordenamiento territorial para evaluar el desarrollo, al señalar que la legislación ambiental no establece distancias específicas para definir todos los ecosistemas costeros.
Por otra parte, las organizaciones DMAS, Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Puerto Morelos Sustentable exigieron revisar otras autorizaciones otorgadas por la SEMA a proyectos ubicados en ecosistemas costeros.
Los colectivos señalaron que existen otros desarrollos en Puerto Morelos y Playa del Carmen que podrían presentar irregularidades similares, por lo que solicitaron revisar los permisos y revocarlos cuando corresponda.
Por ahora, Alux 33 permanece sin la autorización ambiental estatal que había obtenido, mientras continúa abierta la posibilidad de que la empresa emprenda nuevas acciones legales contra la resolución judicial.