El empresario aseguró que su equipo de abogados contactará a Carlota “N”, detenida por matar a dos hombres en Chalco, tras un intento por defender su casa.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes de México, anunció que brindará apoyo legal a Carlota “N”, una mujer de 74 años conocida en redes como “la abuelita sicaria”, quien permanece detenida tras matar a dos hombres que, presuntamente, habían invadido su casa en Chalco, Estado de México.
A través de sus redes sociales, el dueño de Grupo Salinas expresó su indignación por el caso y aseguró que ya instruyó a su equipo legal para contactar a la mujer. “Debemos y tenemos el derecho de defender nuestra propiedad y a nuestras familias”, escribió.
El caso de Carlota “N” se volvió viral luego de que circulara un video en el que se le ve exigiendo a los ocupantes que le devuelvan su vivienda.
Días después, el lugar fue escenario de un enfrentamiento en el que murieron dos hombres y un menor de edad resultó lesionado. En la grabación, se observa a la mujer llegando con su hija y su nieto, armados, para después disparar contra los supuestos invasores.
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Según información de medios nacionales como El Universal y Milenio, la hija de Carlota había denunciado anteriormente el despojo del inmueble y la Fiscalía del Estado de México le había otorgado formalmente la posesión legal.
No obstante, al no poder recuperar el inmueble por la vía legal, la familia decidió enfrentarse directamente con quienes lo ocupaban, lo que derivó en el trágico desenlace.
Ahora, Carlota y sus familiares enfrentan cargos por homicidio calificado. La audiencia de vinculación a proceso fue aplazada y se espera que continúe en los próximos días. Debido a su edad, la mujer podría solicitar prisión domiciliaria.
La intervención de Ricardo Salinas Pliego ha generado opiniones divididas. Algunos usuarios lo felicitan por apoyar a una mujer mayor que defendía su patrimonio, mientras que otros lo acusan de usar el caso con fines mediáticos.
Más allá del debate, el caso ha puesto sobre la mesa el problema de la inseguridad jurídica en torno a la propiedad, la violencia y el hartazgo ciudadano frente a la impunidad.