La Fiscalía y la Guardia Nacional localizaron a las mujeres en las Supermanzanas 32 y 523; eran obligadas a prestar servicios sexuales para saldar deudas bajo amenazas.
Cancún (Marcrix Noticias).– Ocho mujeres víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación sexual fueron rescatadas, durante dos cateos realizados en Cancún por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional.
Las diligencias se llevaron a cabo tras trabajos de inteligencia en dos inmuebles ubicados en las Supermanzanas 32 y 523 del municipio de Benito Juárez. En el primer operativo, realizado en un domicilio de la calle Isla Holbox, en la Supermanzana 32, fueron localizadas cuatro mujeres, tres de nacionalidad mexicana y una estadounidense.
Posteriormente, como parte del seguimiento a las investigaciones, las autoridades intervinieron un segundo inmueble en la calle Canario, en la Supermanzana 523, donde fueron rescatadas otras cuatro mujeres, todas de nacionalidad mexicana.
En total, las víctimas provenían de los estados de Colima y Jalisco, así como de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.
Durante los operativos, los agentes aseguraron cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares, diversos chips telefónicos, dosis de presunta marihuana, preservativos y libretas con anotaciones relacionadas con los servicios realizados.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo delictivo captaba a las víctimas a través de amistades, ofreciéndoles supuestos empleos como acompañantes con altos ingresos. Sin embargo, al llegar a Cancún, les informaban que tenían deudas de entre 6 mil y 10 mil pesos por gastos de traslado y hospedaje.
Una vez bajo su control, las mujeres eran obligadas a prestar hasta cinco servicios sexuales diarios, en jornadas de hasta 12 horas, con tarifas de 2 mil 500 pesos por cliente, de las cuales los tratantes obtenían el 50% de las ganancias.
Además, eran forzadas a trabajar incluso durante su periodo menstrual, bajo amenazas de muerte contra ellas y sus familiares, así como sanciones económicas que hacían impagable la deuda.
Tras concluir las diligencias, ambos inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo de la autoridad ministerial. En tanto, las víctimas, por su condición de vulnerabilidad, fueron canalizadas a instancias correspondientes para recibir protección y atención integral.