La ONU pide al Congreso de México frenar los cambios que ampliarían facultades a cuerpos militares, sin controles adecuados ni respeto a los derechos civiles.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), expresó su preocupación por la nueva Ley de la Guardia Nacional y otras reformas en materia de seguridad pública que actualmente se discuten en el Congreso de la Unión, al considerar que podrían violar derechos humanos fundamentales, como el derecho a la privacidad.
En un pronunciamiento difundido en redes sociales, la ONU-DH alertó que esta ley otorgaría amplias facultades de investigación e inteligencia a la Guardia Nacional sin establecer mecanismos de rendición de cuentas ni controles democráticos.
También advirtió sobre las nuevas atribuciones al Ejército para procesar información de inteligencia sin salvaguardas adecuadas.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos y realizarse con pleno respeto a los derechos humanos”, subrayó el organismo internacional.
1/4 Manifestamos preocupación ante las propuestas de nueva Ley de la #GuardiaNacional y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que aborda el Congreso.
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) June 27, 2025
Además, Amnistía Internacional (AI) señaló que las reformas recientemente aprobadas por la Cámara de Diputados podrían permitir que elementos de la Guardia Nacional pidan licencia para ocupar cargos públicos, lo que abriría la puerta a un posible control político por parte de cuerpos militares.
AI también denunció que la reforma facultaría a la Guardia Nacional a manipular evidencia antes que el Ministerio Público en casos de delitos, lo cual podría derivar en encubrimientos, manipulación de pruebas y mayor impunidad en violaciones cometidas por militares.
Organizaciones civiles, colectivos de derechos humanos y madres buscadoras han manifestado preocupaciones similares, señalando que estas reformas representan un retroceso en el acceso a la justicia y un posible incremento de los abusos por parte de instituciones de seguridad con antecedentes de corrupción y malas prácticas.
Ambos organismos internacionales hicieron un llamado al Congreso mexicano a revisar a profundidad el impacto de estas reformas y garantizar que cualquier cambio en la legislación en materia de seguridad se apegue al marco de los derechos humanos.