La reforma obliga a los mexicanos a registrar sus huellas dactilares e iris, la oposición alerta del riesgo de vigilancia y espionaje masivo.

 

Ciudad de México (Marcrix Noticias).– El Senado de la República aprobó la creación de la CURP biométrica, que será el nuevo documento nacional de identificación en México, y que incluirá datos personales, fotografía y huellas dactilares e iris, consolidándose como la fuente única de identidad para todos los ciudadanos.

La reforma a la Ley General de Población, avalada con 69 votos a favor, principalmente de Morena, Partido Verde y PT, establece que la Secretaría de Gobernación será la responsable de integrar y resguardar esta base de datos biométricos, que estará disponible en formato físico y digital. El documento será obligatorio para todos los trámites públicos y privados en el país.

Sin embargo, la oposición, con votos en contra del PAN y PRI, advirtió que esta reforma representa un riesgo para la protección de datos personales y podría usarse como un mecanismo de vigilancia y control político. 

Legisladores opositores denunciaron que la nueva CURP reemplazaría la credencial para votar del INE y permitiría el acceso indiscriminado a información sensible, como datos médicos, bancarios y de geolocalización, sin necesidad de orden judicial.

Durante el debate, organizaciones civiles y colectivos de madres buscadoras cuestionaron que la reforma no atiende de manera integral la problemática de las desapariciones, señalando falta de presupuesto, coordinación y protocolos claros para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Por su parte, legisladores de Morena defendieron la iniciativa, argumentando que fortalecerá la identificación y búsqueda de personas desaparecidas, y que la tecnología no debe ser vista como un instrumento de vigilancia, sino como una herramienta para combatir la impunidad.

La reforma abre un nuevo capítulo en el sistema de identificación en México, aunque el debate sobre la seguridad de los datos biométricos y la posible vulneración de derechos digitales continúa vigente entre la sociedad y los legisladores.

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