Cuatro estados acusan a Meta de diseñar plataformas perjudiciales para niños y adolescentes.

Los Ángeles, California (Marcrix Noticias).— Meta enfrenta esta semana un nuevo juicio en Estados Unidos en el que cuatro estados buscan sanciones que, según la propia compañía, podrían alcanzar 1.4 billones de dólares, por acusaciones relacionadas con los efectos de Facebook e Instagram sobre niños y adolescentes.

Las demandas fueron impulsadas por California, Colorado, Florida y Tennessee, cuyos fiscales generales sostienen que Meta diseñó deliberadamente características de sus plataformas para fomentar el uso compulsivo entre menores y que no habría advertido adecuadamente sobre los riesgos asociados.

Entre los elementos cuestionados se encuentran herramientas como el desplazamiento infinito de contenido, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación, mecanismos que los demandantes consideran capaces de prolongar la permanencia de los jóvenes en las plataformas.

Meta rechaza las acusaciones y ha cuestionado el cálculo de las posibles sanciones. La empresa sostiene que ha desarrollado durante años herramientas destinadas a proteger a adolescentes y proporcionar mayores controles a las familias.

El juicio se produce en un momento especialmente complicado para la compañía de Mark Zuckerberg.

En marzo, un jurado de Nuevo México impuso a Meta 375 millones de dólares en sanciones civiles en otro caso relacionado con seguridad infantil. Posteriormente, el 6 de agosto, un juez ordenó a la compañía destinar otros 567 millones de dólares a un fondo de cinco años para atender daños a la salud mental juvenil.

Ese fallo también contempla cambios en el funcionamiento de Facebook e Instagram para proteger a usuarios adolescentes, aunque Meta anunció que apelará la decisión.

Además, en marzo pasado, otro jurado en California determinó que Meta y YouTube fueron negligentes en un juicio relacionado con la adicción de una joven a las redes sociales.

El nuevo proceso amplía así la presión judicial sobre las grandes plataformas tecnológicas en Estados Unidos y podría convertirse en uno de los litigios económicos más importantes relacionados con el impacto de las redes sociales sobre menores.

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