Cancún alberga más de 20 sitios de tratamiento contra adicciones, pero solo el anexo Hacienda Santa María cuenta con certificación oficial.

Cancún (Marcrix Noticias)-En Cancún, se calcula la existencia de más de 20 sitios de recuperación y tratamiento contra adicciones, comúnmente conocidos como anexos y granjas. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasma), únicamente el anexo Hacienda Santa María cuenta con la certificación y los procedimientos médicos y psicológicos necesarios para tratar adecuadamente a personas con adicciones.

Esta situación refleja un problema nacional: hasta 2024, solo 193 centros de rehabilitación estaban certificados en todo México, y ninguno de ellos, aparte del mencionado, se encuentra en Quintana Roo.

Roger A., delegado de Alcohólicos Anónimos en la zona norte de Quintana Roo, enfatizó que muchos anexos operan de manera ilegal bajo el nombre de Alcohólicos Anónimos, utilizando su logotipo sin autorización. Además, denunció que estos sitios suelen cobrar cuotas, a diferencia de los grupos oficiales de Alcohólicos Anónimos, que operan sin fines de lucro.

“Estos lugares no tienen monitoreo ni cumplen con los protocolos adecuados. Lo peor es que algunas personas son llevadas a estos sitios bajo engaños o presiones, poniendo en riesgo su integridad física y emocional”, advirtió Roger A.

Los precios en los anexos varían ampliamente: mientras que algunos cobran entre 600 y 2,500 pesos por un semestre, las clínicas privadas pueden llegar a cobrar hasta 250,000 pesos. Sin embargo, la diferencia entre una clínica de rehabilitación y un anexo radica en los métodos. Las clínicas certificadas cuentan con especialistas y siguen procedimientos científicos, mientras que los anexos suelen recurrir a métodos coercitivos y maltrato físico o emocional, lo que resulta ineficaz para el proceso de rehabilitación.

A pesar de la existencia de un directorio estatal de centros de tratamiento, muchas de estas instalaciones operan en la ilegalidad. Las autoridades instan a los ciudadanos a verificar la autenticidad de los centros y priorizar la dignidad y seguridad de quienes buscan superar una adicción.