Una segunda suspensión definitiva fue concedida por un juez federal para detener las obras de Sedena a orillas de la laguna de Bacalar, donde se construye una casa de descanso sin estudio de impacto ambiental. Pese a la orden judicial, las actividades continúan.
Bacalar, (Marcrix Noticias).— El Juzgado Primero de Distrito en Chetumal otorgó una segunda suspensión definitiva contra las obras que ejecuta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un predio frente a la laguna de Bacalar, donde la dependencia construye una casa de descanso exclusiva para personal militar, pese a la falta de permisos ambientales y las medidas judiciales vigentes.
La resolución deriva del juicio de amparo 271/2025, promovido por las asociaciones civiles Proyecto Justicia Común (Projuc) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), quienes argumentaron que la obra atenta contra el derecho a un medio ambiente sano y viola tratados internacionales ratificados por México.
Según el fallo, el juez determinó que el proyecto es de interés particular, al tratarse de un inmueble destinado únicamente a uso recreativo de personal castrense, y no de utilidad pública. Además, se acreditó que la obra inició sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que fue eximida irregularmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Se concede (…) la suspensión definitiva de los actos que reclama a las autoridades responsables, por los motivos expresados y para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución”, indica el documento judicial emitido este viernes.
Sedena desacata orden judicial
Pese a que la suspensión definitiva obliga a la Sedena a detener cualquier actividad relacionada con la construcción del inmueble de aproximadamente 2,000 metros cuadrados, ubicado cerca del Fuerte de San Felipe, testimonios y reportes locales confirman que los trabajos fueron reanudados desde mediados de mayo.
Con esta resolución, ya suman tres amparos promovidos contra el proyecto: uno interpuesto por habitantes de Bacalar, otro en representación de infancias, y este último, impulsado por organizaciones civiles.
Las acciones de la Sedena han generado creciente preocupación por el posible daño ambiental en la zona lagunar, considerada una de las más frágiles y valiosas del Caribe mexicano. La resistencia a acatar las suspensiones también abre un nuevo debate sobre la legalidad y el control civil sobre los proyectos desarrollados por las Fuerzas Armadas.
Las organizaciones que promovieron el amparo advirtieron que documentarán el incumplimiento y solicitarán sanciones legales por desacato, además de recurrir a instancias internacionales si persiste la violación de derechos ambientales.