Pese a las suspensiones otorghadas por el Poder Judicial, la Defensa mantiene trabajos en una zona sensible
Bacalar (Marcrix Noticias).— A pesar de una suspensión definitiva de un juzgado de Quintana Roo, continúa la construcción de una casa de descanso a orillas de la laguna de Bacalar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
La medida cautelar emitida el 5 de junio por el Juzgado Primero de Distrito del estado tiene el objetivo de detener las obras ante afectaciones graves e irreversibles al medio ambiente.
El juez otorgó la suspensión definitiva al considerar que la obra representa una “amenaza grave al equilibrio ecológico y a los derechos humanos de la comunidad”.
La suspensión judicial se suma a otras dos: una concedida el 6 de mayo a un grupo de ciudadanos bacalarenses, y otra provisional, aún vigente, solicitada por niñas, niños y adolescentes del municipio.
Sin embargo, la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), junto con el Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Preservación de Bacalar, denunció el desacato por parte de la Defensa.
Ambas organizaciones difundieron fotografías que evidencian el fraguado completo de la estructura de concreto de una piscina, además de maquinaria pesada activa en el sitio.
La orden del juzgado obliga a detener cualquier actividad de construcción mientras se resuelve el juicio de fondo, el cual cuestiona la legalidad de la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la omisión de vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el municipio de Bacalar y otras autoridades ambientales.
José Mario de la Garza, coordinador de Litigio Estratégico de Projuc, señaló que el juez valoró como sustancial el riesgo de daño ecológico irreversible.
Ante ello, ordenó la paralización inmediata de los trabajos y anunció que analizará a fondo si los permisos otorgados a la Defensa cumplen con los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, particularmente al derecho a un medio ambiente sano.
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