La Fiscalía de Tabasco reportó 12 órdenes de aprehensión contra servidores públicos; versiones señalan a excolaboradores de dos gobiernos
Villahermosa (Marcrix Noticias).- Exfuncionarios de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, quienes encabezaron el Gobierno de Tabasco entre 2019 y 2024, estarían relacionados con investigaciones por presuntos vínculos con La Barredora, luego de que la Fiscalía General del Estado reportara 12 órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por diversos delitos.
De acuerdo con información publicada este viernes 6 de noviembre por La Silla Rota, fuentes consultadas por ese medio señalaron que la mayoría de las personas investigadas formaron parte de las administraciones encabezadas por ambos exgobernadores y fuentes externas dicen que ya se habrían ejecutado las primeras detenciones. Sin embargo, la Fiscalía no ha difundido una relación pública que permita confirmar la identidad de los 12 imputados ni establecer que todas las órdenes estén relacionadas con La Barredora.
El balance oficial de la Fiscalía, presentado previamente por su titular, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, confirma la existencia de 201 carpetas de investigación contra servidores públicos, de las cuales 186 permanecían en integración al corte del 23 de octubre.
Reportan investigaciones contra policías y funcionarios de Tabasco
Entre los casos mencionados por La Silla Rota se encuentra el de Cleofas Juárez Lara, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata y que fue detenido el pasado 23 de octubre, durante un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales, investigado por presuntos delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas.
De acuerdo con la cobertura de La Jornada, durante el operativo también fueron detenidos otros integrantes de la corporación municipal.
Por su parte, La Silla Rota mencionó a seis policías presuntamente relacionados con el mismo caso, así como a dos médicos legistas señalados en una investigación por supuesto fraude relacionado con el cobro de un seguro. No obstante, las autoridades no han confirmado públicamente que estos casos formen parte de las mismas 12 órdenes de aprehensión reportadas en el balance institucional.
Además, tras la detención en Emiliano Zapata, el fiscal explicó que las capturas derivaron de cateos y no de la ejecución directa de órdenes de aprehensión, una distinción relevante para establecer el alcance de las investigaciones.
Fiscalía registra 201 investigaciones por delitos de servidores públicos
Durante su informe de resultados, Vázquez Landeros detalló que las investigaciones abiertas durante 2026 incluyen posibles conductas como extorsión, fraude, cohecho, encubrimiento, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones tales como uso de documentos falsos, simulación de pruebas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El reporte institucional incluye mil 113 procedimientos administrativos contra servidores públicos, de los cuales nueve concluyeron en destituciones, 42 en suspensiones y uno en amonestación.
Caso Hernán Bermúdez mantiene bajo escrutinio a gobiernos anteriores
Las nuevas versiones surgen mientras continúa el proceso penal contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante las administraciones de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.
Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente trasladado a México, donde enfrenta acusaciones relacionadas con secuestro, extorsión y asociación delictuosa, sería señalado por las autoridades como presunto dirigente de La Barredora, organización criminal que operó en territorio tabasqueño.
En octubre de 2026, la Fiscalía estatal formalizó una acusación por desaparición forzada contra el exfuncionario, quien ha rechazado los señalamientos y sostiene que enfrenta una persecución política. No obstante, la investigación contra Bermúdez Requena ha provocado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión de las instituciones de seguridad durante los gobiernos anteriores, aunque ello no constituye una determinación judicial de responsabilidad contra los exgobernadores.