Perú (Marcrix Noticias) –Las autoridades peruanas confirmaron este domingo el hallazgo de los cuerpos de 13 mineros secuestrados el pasado 26 de abril en el municipio de Pataz, ubicado en la región andina de La Libertad, una zona marcada por la violencia relacionada con la minería ilegal.

Según el Ministerio del Interior, los trabajadores pertenecían a una empresa contratista que prestaba servicios para la minera Poderosa, una compañía privada dedicada a la extracción de oro. Las víctimas fueron interceptadas por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, en un hecho que suma otro episodio trágico al creciente conflicto en la zona.

El rescate de los cuerpos ocurrió en la madrugada del domingo, de acuerdo con un comunicado de la minera Poderosa, que responsabilizó directamente a “criminales aliados a la minería ilegal” por este múltiple homicidio.

Imágenes y respuesta del gobierno

Medios locales difundieron imágenes presuntamente tomadas dentro de un socavón minero, donde se observan los cuerpos cubiertos con plásticos y numerados. Aunque estas imágenes no han sido confirmadas oficialmente, reflejan la magnitud de la violencia.

La Policía Nacional de Perú ha desplegado unidades de élite para dar con los responsables. Mientras tanto, el Congreso peruano exigió al Ejecutivo actuar con mayor contundencia y pidió acciones inmediatas contra la delincuencia organizada en la región.

Crisis de seguridad en La Libertad

Este nuevo ataque eleva a 39 las muertes vinculadas a la criminalidad en torno a las operaciones de la minera Poderosa en lo que va del 2025, una cifra que preocupa a las autoridades y a la población local.

Cabe recordar que en diciembre pasado, un ataque con explosivos en la misma mina dejó nueve muertos y más de una decena de heridos, lo que llevó al gobierno a declarar en marzo un estado de excepción en varias provincias de La Libertad, incluyendo Pataz, Trujillo y Virú. La medida incluye restricciones a derechos fundamentales para frenar la proliferación de la minería ilegal, la extorsión y otros delitos graves.

La situación evidencia una creciente crisis de seguridad en torno a los recursos naturales del país andino, donde las bandas criminales han logrado infiltrarse en actividades extractivas clave y operar con violencia sistemática contra trabajadores y empresas.