Cinco exfuncionarios no fueron vinculados a proceso, pero la Fiscalía asegura que las investigaciones continúan.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Fiscalía General de la República anunció este viernes que apelará el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de cinco exfuncionarios de Aguascalientes dentro del caso Next Energy, al considerar que la autoridad judicial dejó de tomar en cuenta elementos jurídicos presentados por el Ministerio Público Federal.
La decisión judicial había beneficiado a Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Alfredo Martín Cervantes García, Mónica Marcela Díaz Aranda, Rodolfo Téllez Moreno y Luis Alberto Rivera Vargas, exintegrantes de la administración municipal de Aguascalientes que fueron investigados por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con el proyecto energético.
La jueza federal Yuridia Bello Camacho determinó la no vinculación a proceso durante una audiencia que concluyó la madrugada del 1 de octubre. Medios locales reportaron que uno de los argumentos considerados fue la prescripción del delito imputado.
FGR sostiene que el caso no está cerrado
En el comunicado 669/26, difundido este 2 de octubre, la Fiscalía señaló que presentará un recurso de apelación contra la resolución y aclaró que el fallo no significa el cierre de las investigaciones.
La dependencia indicó que continúan abiertas líneas relacionadas con el uso de recursos públicos federales, el cumplimiento de las obligaciones del proyecto y posibles mecanismos financieros y comerciales que pudieron afectar el interés público.
La investigación federal surgió a partir de una denuncia presentada por la senadora morenista Nora Ruvalcaba, quien desde años anteriores había pedido revisar los contratos y pagos relacionados con Next Energy. La FGR no mencionó su nombre en el comunicado de este viernes, pero distintas fuentes han identificado a Ruvalcaba como la legisladora que impulsó el expediente.
De qué trata el caso Next Energy
El origen del conflicto se encuentra en un contrato firmado el 28 de marzo de 2019, cuando Teresa Jiménez era presidenta municipal de Aguascalientes.
El Ayuntamiento y Next Energy del Centro suscribieron una Asociación Público-Privada para desarrollar infraestructura de generación y suministro de energía eléctrica mediante un parque fotovoltaico destinado a abastecer instalaciones municipales y servicios públicos.
El proyecto contemplaba originalmente una planta con capacidad superior a 20 megawatts y una inversión cercana a los 949 millones de pesos. El acuerdo establecía una relación contractual de largo plazo y pagos mensuales por parte del municipio.
En 2020, el propio Ayuntamiento informó que había aprobado modificaciones al proyecto y aseguró entonces que la energía producida permitiría reducir los costos frente a las tarifas pagadas a la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, el parque no entró en operación como estaba previsto. Uno de los problemas señalados posteriormente fue la falta de permisos necesarios para la interconexión y suministro de electricidad.
Municipio realizó pagos pese a que el parque no operaba
Información difundida en abril de 2026 indicó que el municipio había desembolsado alrededor de 852.5 millones de pesos hasta febrero de ese año dentro del Programa de Eficiencia Energética, pese a que la planta fotovoltaica todavía no generaba energía.
El Ayuntamiento inició en 2023 acciones legales para rescindir el contrato. En marzo de 2026, el Juzgado Quinto Mercantil de Aguascalientes resolvió la rescisión del contrato PPS 002/2019 y ordenó a Next Energy devolver al municipio más de 426 millones de pesos recibidos directamente, además de otros pagos vinculados con el suministro de energía, intereses y gastos judiciales.
La sentencia mercantil liberó además al municipio de obligaciones futuras derivadas de ese convenio.
Cinco exfuncionarios quedaron bajo investigación federal
Durante 2026, la FGR judicializó otra vertiente del caso y acusó a cinco exfuncionarios que ocuparon cargos relevantes cuando se autorizó y operó el esquema.
Entre ellos se encuentran el entonces secretario del Ayuntamiento, el secretario de Finanzas, la encargada de Administración, el secretario de Servicios Públicos y el síndico procurador.
El Ministerio Público Federal los señaló por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de atribuciones y recursos públicos.
El contrato fue firmado durante la administración municipal de Teresa Jiménez, actual gobernadora de Aguascalientes; sin embargo, Jiménez no forma parte de esta imputación contra los cinco exfuncionarios. Las acusaciones políticas en su contra han provenido principalmente de Morena y de Nora Ruvalcaba, por lo que deben distinguirse de las responsabilidades formalmente imputadas por la Fiscalía.
Con el fallo de esta semana, esa causa penal sufrió un revés, pero la FGR dejó claro este viernes que recurrirá la decisión y que el expediente relacionado con los recursos públicos y la operación financiera del proyecto continúa abierto.