El sector privado reconoce avances en la atención de miles de expedientes pendientes y apuesta por fortalecer la certeza jurídica para trabajadores y empresas.
Cancún (Marcrix Noticias)-El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Javier Olvera, destacó los avances en materia laboral impulsados por el Gobierno de Quintana Roo para poner fin al rezago histórico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, un proceso que busca brindar mayor certeza jurídica tanto a los trabajadores como a las empresas.
Tras reunirse con autoridades estatales, el líder empresarial señaló que uno de los principales acuerdos es la digitalización de expedientes, la implementación de notificaciones electrónicas y la reorganización administrativa de las juntas, encargadas de atender los juicios laborales iniciados antes de la reforma de 2021.
Explicó que actualmente existen alrededor de 23 mil expedientes heredados del sistema anterior, los cuales en muchos casos han generado incertidumbre para las empresas debido a notificaciones irregulares, procesos inconclusos y embargos sorpresivos que incluso han provocado afectaciones financieras.
“Lo que buscamos es que todo se maneje con transparencia y orden, que no haya sorpresas ni para el trabajador ni para los empresarios”, afirmó.
Olvera reconoció que el nuevo modelo de justicia laboral, operado por el Poder Judicial, ha mostrado resultados positivos al privilegiar la conciliación y ofrecer procesos más rápidos y eficientes. Indicó que este esquema permite resolver los conflictos de manera más expedita y brinda protección tanto a los derechos de los trabajadores como a las empresas cuando les asiste la razón.
Subrayó que el objetivo del sector empresarial es que las antiguas juntas desaparezcan durante la actual administración estatal, una vez concluidos todos los procesos pendientes conforme a derecho. De hecho, informó que recientemente cerró la Junta de Conciliación y Arbitraje número tres, como parte del proceso de desincorporación gradual.
El dirigente empresarial reconoció que los conflictos laborales forman parte de la dinámica normal de la economía, pero insistió en que la prioridad es evitar litigios prolongados que representen costos y afectaciones para la operación de las empresas. Añadió que las mesas de trabajo con autoridades, abogados laboralistas y organismos empresariales han permitido construir una ruta para concluir un problema que se arrastra desde hace décadas.