Comunidades indígenas y pesqueras exigen reparar zonas contaminadas y frenar la fracturación hidráulica; solo el 14 por ciento de los sitios afectados ha sido remediado
México (Marcrix Noticias).- Representantes de comunidades indígenas, campesinas y pesqueras de México expusieron ante legisladores federales las consecuencias de la actividad petrolera en sus territorios, donde denuncian contaminación del agua, pérdida de tierras productivas y problemas de salud. Durante el encuentro también exigieron que Petróleos Mexicanos asuma su responsabilidad en la reparación de los daños ambientales.
Las denuncias se presentaron durante el foro “Vivir entre pozos: testimonios de los territorios”, en el que organizaciones civiles y habitantes de distintas regiones señalaron que, entre 2008 y 2023, la actividad de la empresa afectó más de 777 sitios en el país. Sin embargo, únicamente el 14 por ciento ha recibido atención o remediación efectiva. Veracruz concentra el mayor número de zonas contaminadas, con 344 casos, seguido de Tamaulipas, con 135, y Tabasco, con 64. Además, se expuso que la recuperación de un sitio puede tardar en promedio cuatro años.
Habitantes del Totonacapan, en Veracruz, relataron que las instalaciones petroleras abandonadas o sin mantenimiento continúan ocasionando fugas y derrames que alcanzan parcelas, manantiales y arroyos. Fermina, residente de El Remolino, en Papantla, explicó que algunas familias viven a menos de cien metros de los pozos y que, durante las lluvias, los contaminantes llegan a cuerpos de agua utilizados por la población. También señaló que las comunidades enfrentan dificultades para denunciar estas afectaciones.
En Reforma Escolín, Maximina García manifestó su preocupación por los gases y fuertes olores provenientes de las instalaciones petroleras. Asimismo, mencionó casos de cáncer infantil y malformaciones congénitas que los habitantes relacionan con la exposición a hidrocarburos, aunque durante el foro no se presentaron estudios médicos que comprobaran esa relación. En Ojital Viejo, el representante comunitario Romualdo Luna señaló que seis décadas de actividad petrolera han modificado las formas de vida de la población y perjudicado actividades tradicionales como la agricultura y el uso de plantas medicinales.
Otro caso expuesto fue el incendio del pozo exploratorio Krem-1, en Las Choapas, Veracruz, donde una explosión ocurrida el 5 de marzo de 2026 provocó un incendio que se prolongó durante cinco meses y obligó a evacuar a cientos de habitantes. Según los datos presentados, durante ese periodo se quemaron aproximadamente 252 millones de metros cúbicos de gas. José María Robles, habitante del ejido Aquiles Serdán, cuestionó la atención médica recibida por las familias afectadas, al señalar que no se realizaron estudios de sangre ni pruebas toxicológicas para evaluar posibles consecuencias de la exposición.
Las afectaciones también alcanzan las actividades pesqueras en el Golfo de México. Nancy Liseth Ochoa, pescadora de tercera generación de Las Barrancas, en Alvarado, Veracruz, advirtió que los derrames de hidrocarburos amenazan los ecosistemas de los que dependen numerosas familias para obtener alimentos e ingresos. También señaló que la erosión y la pérdida de terrenos agravan la situación de las comunidades costeras, por lo que cuestionó la autorización de nuevos proyectos extractivos sin evaluaciones que contemplen los daños acumulados.
Ante este panorama, legisladores y organizaciones civiles plantearon modificar la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para que parte de los recursos obtenidos de la explotación de hidrocarburos puedan destinarse a la recuperación de zonas contaminadas. También propusieron cambios a la legislación de responsabilidad ambiental para establecer obligaciones más claras a Petróleos Mexicanos y sus contratistas, además de fortalecer la supervisión de las autoridades, fijar plazos para atender emergencias y evitar nuevas autorizaciones petroleras en regiones afectadas.
Entre las demandas también se encuentra la creación de un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados que dé seguimiento a las denuncias y a los compromisos de las autoridades. El foro fue convocado por legisladores federales junto con las organizaciones Engenera, Oceana, CORASON y la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Las comunidades insistieron en que los beneficios económicos de la industria petrolera deben ir acompañados de medidas para reparar los daños ambientales y sociales que afectan el acceso al agua, la producción de alimentos y las actividades tradicionales.