La medida cautelar fue dictada tras una audiencia de más de un día, mientras la FGR los señala por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, como parte de una investigación relacionada con una presunta red de huachicol fiscal.
La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por más de un día y en la que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación.
De acuerdo con la FGR, Ernesto Ruffo Appel, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” cumplirán la medida cautelar en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
La defensa de los ocho imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando un juez determine si son vinculados a proceso por los delitos que les atribuye la Fiscalía.
🚨#Ahora | La FGR obtiene prisión preventiva contra Ernesto Ruffo y otros cuatro imputados por presunto contrabando de hidrocarburos.
— Azucena Uresti (@azucenau) July 19, 2026
Tras más de un día de audiencia, un juez impuso prisión preventiva a Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes serán… pic.twitter.com/rwQgHnYzvX
Investigación por presunto huachicol fiscal
La FGR informó que las detenciones fueron realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Según la dependencia, el caso está relacionado con un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos mediante el cual se introducía combustible al país con declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando volúmenes menores a los realmente transportados o declarando la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.
La Fiscalía sostiene que estas conductas provocan un importante daño económico al Estado mexicano y representan una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
Las investigaciones iniciaron en julio de 2025 y, durante las indagatorias, fueron asegurados 129 ferrotanques y más de 15 millones de litros de combustible presuntamente ilícito.
Asimismo, las autoridades vinculan al exmandatario con la empresa Ingemar, de la que es señalado como principal accionista. De acuerdo con la investigación, dicha compañía habría participado en operaciones de importación y logística de combustible dentro del presunto esquema, ocasionando un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública por contribuciones omitidas correspondientes a más de 15 millones de litros de combustible no declarados.
Familia pide respetar el debido proceso
Antes de que se resolviera la medida cautelar, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, difundió un mensaje en redes sociales en el que pidió que se respetaran la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de su padre a un juicio basado en pruebas.
Afirmó que Ernesto Ruffo Appel nunca intentó evadir a las autoridades, que previamente acudió a declarar de manera voluntaria y que permanecía incomunicado con su familia desde su detención.
Por su parte, el exgobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que la empresa Ingemar únicamente realizaba actividades relacionadas con la logística de importación y trámites aduanales.
Mientras tanto, la autoridad judicial definirá en los próximos días la situación jurídica de los ocho imputados y resolverá si son vinculados a proceso por los delitos que les atribuye la Fiscalía General de la República.