Con 477 votos a favor, la reforma prohíbe la reelección inmediata y el nepotismo, y comenzará a aplicarse en 2030 tras una modificación en el Senado.
Ciudad de México (Marcrix Noticias) – La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma que prohíbe la reelección inmediata y combate el nepotismo electoral, con 477 votos a favor y ningún voto en contra.
La reforma, que originalmente iba a entrar en vigor en 2027, comenzará a aplicarse en 2030, luego de una modificación en el Senado.
Esta medida busca garantizar que los cargos públicos no sean ocupados de manera inmediata por personas con vínculos familiares cercanos.
El dictamen aprobado establece que no podrá haber reelección inmediata en la Constitución mexicana para puestos como la presidencia de la República, gobernadores, alcaldes, diputados federales y locales, entre otros.
Además, la reforma prohíbe el “nepotismo electoral”, es decir, que personas con relaciones de parentesco, matrimonio o concubinato con funcionarios públicos puedan ocupar los mismos cargos de manera consecutiva.
La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Gabriela Jiménez, defendió la reforma y destacó que representa un avance en la lucha contra el nepotismo y la concentración del poder en pocas manos.
En su intervención, subrayó que la reforma es un mandato del pueblo y un compromiso con la democracia, asegurando que en Morena se tomarán medidas concretas para evitar que los familiares de los políticos ocupen cargos de elección popular.
La propuesta también establece que, a partir de 2030, las personas que estén ocupando cargos públicos no podrán postularse para la reelección.
Sin embargo, el dictamen también contempla que las personas suplentes en los cargos de diputaciones y senadurías podrán ser electas para el siguiente periodo, siempre que no hayan ejercido el cargo en el periodo anterior.
El proceso de implementación de esta reforma será gradual. Una vez aprobada en el Congreso de la Unión, deberá ser ratificada por al menos 17 estados de la República para que se convierta en ley constitucional.
Además, las entidades federativas y la Ciudad de México tendrán un plazo de 180 días para adecuar sus constituciones y otros ordenamientos relacionados.