El Estado de México acumula más de mil 200 denuncias por incumplimiento de asistencia familiar y ocupa el segundo lugar a nivel nacional
Estado de México (Marcrix Noticias).-Las denuncias por incumplimiento de asistencia familiar continúan en aumento en el Estado de México. Entre enero y mayo de 2026 se iniciaron mil 224 carpetas de investigación por este delito, cifra que coloca a la entidad en el segundo lugar nacional, solo por debajo de Guanajuato.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros cinco meses del año se registró un promedio de 8.1 denuncias diarias relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias hacia hijos, padres, cónyuges u otros beneficiarios establecidos por la ley.
Las estadísticas muestran un incremento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron mil 183 denuncias. Con ello, el número de casos aumentó 3.4 por ciento en comparación con el año anterior, reflejando una tendencia al alza en este tipo de conductas.
En el desglose mensual, enero cerró con 236 denuncias, febrero con 220, marzo registró el mayor número con 280 casos, abril sumó 237 y mayo concluyó con 251 carpetas de investigación abiertas por las autoridades.
Entre los municipios con más denuncias destacan Toluca, con 141 casos; Ecatepec, con 130; Nezahualcóyotl, con 69; y Cuautitlán Izcalli, con 59. También figuran Naucalpan, Tecámac, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Metepec y Texcoco entre las localidades con mayor incidencia.
A nivel nacional, las entidades con más investigaciones por este delito son Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Baja California, Tabasco, Veracruz y Baja California Sur. Estas cifras evidencian que el incumplimiento de las obligaciones familiares continúa siendo una problemática relevante en distintas regiones del país.
La legislación mexiquense establece sanciones para quienes incumplan con estas responsabilidades. Dependiendo de la gravedad del caso, las penas pueden incluir varios años de prisión y multas económicas, especialmente cuando se demuestra abandono, insolvencia intencional o reincidencia que afecte la salud física o emocional de menores de edad.