Para evitar ser exhibido, el alcalde intentó evitar que la prensa estuviera presente en la Sesión, donde no le aprobaron la cuenta pública.

Espita, Yucatán.(Marcrix Noticias)— Una semana después de que se aprobara en sesión de Cabildo un aumento de salario para el presidente municipal Mario Isaías Sánchez Esquivel, el edil negó públicamente percibir 60 mil pesos mensuales, pese a que fue él mismo quien solicitó la aprobación del incremento ante los regidores el pasado 24 de junio.

De acuerdo con documentos oficiales en poder de Novedades Yucatán, el Cabildo del Ayuntamiento de Espita aprobó el tabulador de sueldos y salarios, mediante el cual el alcalde pasaría de ganar 50 mil a 60 mil pesos mensuales.

En una sesión de Cabildo transmitida en vivo en redes sociales, Sánchez Esquivel confrontó a reporteros y acusó la difusión de información falsa. Sin embargo, los documentos revelan que el aumento salarial fue efectivamente solicitado y votado a su favor.

Durante el evento, el edil ordenó grabar al público asistente, haciendo énfasis en la presencia del medio de comunicación que reveló el aumento, y previamente habría instruido el montaje de un retén policial en la entrada del municipio para intentar impedir el acceso de los periodistas a la sesión programada para las 15:00 horas. La medida no surtió efecto.

Cuatro de los 11 regidores del Cabildo rechazaron la aprobación de la cuenta pública correspondiente a enero, febrero y marzo de 2025, señalando que fue presentada fuera de tiempo y con evidencias incompletas: documentos sin firmas, pagos a personas no autorizadas, y falta de respaldo fotográfico.

Una de las voces críticas fue la síndico municipal Lida Beatriz Díaz Gutiérrez, quien reveló que se detectó el pago de 7 mil pesos a Juana María Baltazar Santos, exalcaldesa de San Felipe, quien cobró una quincena en marzo sin aún contar con nombramiento oficial. Su contrato como coordinadora de Presidencia entró en vigor hasta el 1 de abril, aunque comenzó a recibir pagos desde semanas antes.

Juristas y observadores señalan que las acciones del alcalde podrían constituir abuso de autoridad, en virtud del artículo 215 del Código Penal Federal, así como violaciones a los artículos 6 y 7 de la Constitución, al obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Impedir la entrada de reporteros a actos públicos y exhibirlos ante la comunidad puede interpretarse como un acto de intimidación y represalia, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras del periodismo y derechos humanos.