Acusa Estados Unidos militares a alcaldes y funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa en México

La investigación involucra además de Rubén Rocha Moya a mandos policiacos, alcaldes y militares señalados de presuntamente proteger operaciones de Los Chapitos

Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- El gobierno de Estados Unidos acusó a militares, alcaldes y funcionarios mexicanos de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, en una investigación que provocó una fuerte crisis política y de seguridad en México.

Además del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la acusación señaló al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como a mandos policiacos, funcionarios de seguridad y presuntos operadores ligados a corporaciones municipales que supuestamente protegían actividades criminales a cambio de sobornos.

De acuerdo con fiscales estadounidenses, algunos funcionarios habrían recibido pagos mensuales para facilitar el tráfico de drogas, alertar sobre operativos y brindar protección a integrantes del grupo criminal encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en distintas zonas de Sinaloa.

La investigación también reveló que militares y personal relacionado con instituciones de seguridad pública presuntamente participaron como enlaces operativos del cártel. Entre los nombres mencionados apareció José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, señalado de presuntamente recibir dinero para apoyar operaciones ilícitas.

Las acusaciones desataron reacciones inmediatas en México, donde legisladores de oposición exigieron investigaciones formales y pidieron esclarecer los presuntos nexos entre autoridades sinaloenses y el crimen organizado. Analistas consideraron que el caso representa uno de los señalamientos más delicados de Estados Unidos contra estructuras políticas vinculadas al narcotráfico.

Tras darse a conocer el caso, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con sus actividades normales. Mientras tanto, el gobierno mexicano informó que revisará la información enviada por Estados Unidos, aunque afirmó que hasta ahora no se habían presentado pruebas suficientes para actuar legalmente en territorio nacional.

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