La renovación del Poder Judicial se decide en medio de conflictos de interés, reparto de “acordeones” y llamados al boicot, que podrían poner en riesgo la transparencia del proceso.
México (Marcrix Noticias).- Este domingo 1 de junio, millones de mexicanos acudirán a las urnas para votar por primera vez a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en una elección marcada por diversas controversias.
El proceso ha generado críticas por la falta de transparencia de los candidatos, los recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE), la complejidad de las boletas y denuncias de conflictos de interés.
Durante las últimas semanas, el debate público se ha centrado en temas como la distribución ilegal de “acordeones” —listas indicativas de voto— principalmente entre militantes de Morena y Movimiento Ciudadano, lo que ha motivado investigaciones del INE y la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar posibles delitos electorales.
Las aspirantes y aspirantes a cargos judiciales también han enfrentado señalamientos por actos anticipados de campaña.
Tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido objeto de denuncias por publicar mensajes que podrían considerarse promoción anticipada, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó las investigaciones.
El proceso se complicó aún más por un recorte presupuestal que redujo el número de casillas a menos de la mitad que en elecciones previas.
En consecuencia, se instalarán 84 mil casillas seccionales con urnas únicas que recibirán todas las boletas, lo que ha generado dudas sobre la facilidad para votar correctamente, sobre todo porque las boletas han sido calificadas como “confusas” por consejeros electorales.
Por si fuera poco, la elección judicial se ha visto marcada por acusaciones de censura a medios y periodistas, por parte de candidatas que alegan violencia política de género para impedir la difusión de información sobre sus trayectorias.
Además, existe preocupación por presuntos conflictos de interés entre autoridades electorales y candidatas, que involucran vínculos familiares con funcionarios del Poder Judicial y el INE.
La competencia también se presenta limitada en varias entidades, donde algunos cargos no tienen rival debido a candidaturas únicas seleccionadas por comités. Esto reduce la posibilidad de una contienda abierta y genera cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
Diversos actores políticos, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han señalado que la elección judicial posicionará a México como el único país donde los tres poderes se eligen en las urnas. Sin embargo, también se han multiplicado llamados a boicotear la elección o anular el voto para deslegitimar el proceso.
Finalmente, el INE anunció que la publicación de resultados será escalonada, con los primeros datos preliminares esperados entre el 1 y el 3 de junio, y los definitivos hasta el 15 de junio, lo que desestima la promesa inicial de un “cómputo rápido” el mismo día de la votación.
La elección judicial representa un momento clave para la democracia mexicana, pero las polémicas que la rodean ponen en entredicho la transparencia y eficacia del proceso, así como el futuro equilibrio del Poder Judicial.