Blanca Merari destacó acuerdos entre los tres órdenes de gobierno y los ejidos para frenar fraudes inmobiliarios y regular actividades en la Ruta de los Cenotes.
Puerto Morelos (Marcrix Noticias).- En una reunión encabezada por la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, autoridades federales, estatales, municipales y representantes ejidales acordaron iniciar mesas de trabajo para ordenar la Ruta de los Cenotes de Puerto Morelos, frenar los fraudes inmobiliarios y regular las actividades turísticas y comerciales que operan actualmente en la zona.
La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, afirmó que este encuentro, respaldado por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, representa un paso clave para brindar certeza legal a los posesionarios que realizan aprovechamientos de la tierra en la Ruta de los Cenotes. Subrayó que el objetivo es generar una ruta clara para el ordenamiento territorial y económico.
En la reunión participaron dependencias federales como SEMARNAT, PROFEPA, SEDATU, CONAGUA, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, COFEPRIS y Gobernación; así como instancias estatales como SEMA, la Procuraduría de Protección al Ambiente, Sedetur y Protección Civil. También asistieron autoridades municipales y las directivas ejidales de Leona Vicario y Puerto Morelos.
Blanca Merari afirmó que uno de los compromisos centrales es poner fin a los fraudes inmobiliarios que han generado conflictos con las autoridades municipales, ya que en la zona se han promovido ventas irregulares bajo el argumento de que solo la Federación puede intervenir. Las mesas de trabajo buscarán clarificar responsabilidades y procesos legales.
Rolando Melo Novelo, secretario municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, destacó que el municipio trabaja en sus nuevos instrumentos de planeación urbana y ambiental, lo que permitirá analizar y regular desarrollos, centros de hospedaje, parques ecoturísticos y comercios que se han multiplicado en la Ruta de los Cenotes. Autoridades y ejidos coincidieron en la urgencia de frenar el crecimiento desordenado y garantizar certeza jurídica para todos.
