Empresarios de Estados Unidos y CJNG inundan México con huachicol fiscal
Una investigación revela que una empresa de Houston, en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, transporta diésel canadiense declarado como lubricantes para evadir impuestos y abastecer el mercado mexicano de forma ilegal
Baja California. (Marcrix Noticias). Una embarcación petrolera, el Torm Agnes, arribó al puerto de Ensenada, Baja California, transportando casi 120 000 barriles de diésel, a pesar de que el puerto no está habilitado para descargar hidrocarburos inflamables. El combustible fue trasladado de manera rápida mediante decenas de camiones cisterna, en un operativo que las autoridades califican de meticuloso.
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, Estados Unidos, compró el diésel en Canadá y lo declaró falsamente como lubricantes, evadiendo así el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta maniobra permite que el combustible ingrese al país sin tributar impuestos, generando lo que se conoce como “huachicol fiscal”.
En México, la firma Intanza, con sede en Monterrey, aparece como receptora de los cargamentos. Las investigaciones señalan que esta empresa funciona como fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), facilitando la distribución del combustible ilegal en diferentes estados del país.
El contrabando de combustible representa pérdidas millonarias para el gobierno mexicano, con estimaciones que alcanzan decenas de miles de millones de dólares. Este fenómeno ha evolucionado: los cárteles ya no solo roban hidrocarburos en tierra, sino que utilizan embarcaciones para transportar grandes volúmenes desde Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses han iniciado investigaciones y ofrecen recompensas por información que permita detener a los responsables de este esquema de contrabando internacional.
La cooperación binacional se considera clave para frenar la entrada de hidrocarburos ilegales y desmantelar las redes criminales involucradas.
El “huachicol fiscal” no solo afecta la economía y las finanzas públicas, sino que también representa riesgos para la seguridad, la calidad del combustible y la competencia de empresas legales. Expertos aseguran que fortalecer la vigilancia aduanera y portuaria, así como transparentar la cadena de suministro, es esencial para combatir este delito.