El sistema penitenciario de Quintana Roo obtuvo la misma calificación que el año pasado en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria. El penal de Benito Juárez fue el peor evaluado, mientras que Cozumel destacó con la mejor nota.

Cancún (Marcrix Noticias)-La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) dio a conocer los resultados del más reciente Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, donde el sistema penitenciario estatal obtuvo una calificación promedio de 7.29 puntos, la misma que en la edición anterior del informe. Esto, según la comisión, refleja un estancamiento en las condiciones de los centros penitenciarios.

El informe evaluó los cuatro penales del estado, ubicados en Cancún (Benito Juárez), Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal. De estos, el Centro de Reinserción Social de Benito Juárez fue el peor calificado con 5.88 puntos, siendo el único considerado “reprobado”. Por el contrario, Cozumel obtuvo la mejor evaluación con 8.27 puntos, lo que llevó a la Cdheqroo a proponer un análisis de sus buenas prácticas para replicarlas en los otros centros.

Las calificaciones del resto de los centros fueron 7.62 para Playa del Carmen y 7.42 para Chetumal.

Uno de los principales problemas señalados es la sobrepoblación carcelaria. Mientras la capacidad instalada es de 2,712 personas, la población penitenciaria al momento de la evaluación era de 3,795, lo que representa un hacinamiento crítico, sobre todo en los centros de Benito Juárez y Playa del Carmen.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran:

• Combatir el hacinamiento y la sobrepoblación.

• Aumentar el personal médico y de enfermería.

• Fortalecer la atención especializada para mujeres privadas de la libertad.

• Rehabilitar los dormitorios, garantizando ventilación, iluminación y condiciones seguras en sistemas eléctricos e hidráulicos.

Aunque la calificación global sigue en rango “aprobatorio”, el diagnóstico subraya la necesidad urgente de acciones estructurales para mejorar las condiciones de reclusión y respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.