Las autoridades de Costa Rica y Panamá implementaron medidas estrictas para gestionar el creciente flujo de migrantes.

Cancún (Marcrix Noticias)-Las autoridades de Costa Rica y Panamá implementaron medidas estrictas para gestionar el creciente flujo de migrantes. Entre estas acciones se encuentran la confiscación de pasaportes y teléfonos móviles, la limitación del acceso a asistencia legal y el traslado de personas entre puestos fronterizos remotos.

Si bien los gobiernos aseguran que estas medidas buscan proteger a los migrantes de redes de tráfico de personas, organismos de derechos humanos han expresado preocupación por la falta de transparencia y las restricciones impuestas. La tensión ha ido en aumento, con funcionarios defendiendo su postura frente a críticas que señalan posibles violaciones a los derechos de los deportados.

La situación se ha agravado con el reciente incremento de migrantes devueltos por Estados Unidos bajo políticas de deportación aceleradas. En lo que va del año, Washington ha enviado a la región cientos de personas expulsadas de su territorio. Al mismo tiempo, miles de migrantes rechazados han comenzado a desplazarse hacia el sur, con Panamá registrando 2,200 entradas solo en febrero.

El testimonio de una mujer china deportada expuso la situación en los centros de retención. Hablando bajo condición de anonimato, relata que fue enviada a Panamá sin explicaciones, sin firmar documentos de expulsión en Estados Unidos y sin saber cuánto tiempo estaría retenida.

Tras su llegada, fue trasladada de un hotel en la Ciudad de Panamá a un campamento remoto en la selva del Darién, donde algunos migrantes intentaron pedir ayuda colocando carteles en las ventanas. A través de mensajes enviados con un teléfono que logró ocultar, la mujer denunció que las autoridades confiscaron los celulares de otros deportados y no les proporcionaron acceso a abogados.

Su caso no es único: otros migrantes también señalaron que no han podido comunicarse con sus representantes legales.

El hermetismo en torno a estos centros de retención sigue generando inquietud. Panamá prohibió el acceso a la prensa, cancelando a última hora una visita al Darién que había sido previamente anunciada.

Costa Rica, por su parte, enfrenta críticas de la Defensoría de los Habitantes, que denuncia fallas en la protección de los deportados y falta de información sobre su destino y estatus legal.

Desde Human Rights Watch para América, Juan Pappier advierte sobre las consecuencias de estas prácticas:

“Panamá no puede convertirse en un agujero negro para migrantes deportados. Los migrantes tienen derecho a comunicarse con sus familias, a buscar abogados, y Panamá debe garantizar transparencia sobre la situación en la que se encuentran.”