La discriminación en Yucatán colocó al estado en el primer lugar nacional, con miles de personas que aseguran haber sufrido trato desigual por su origen, apariencia o forma de hablar
Yucatán (Marcrix Noticias).-Yucatán se ubicó como la entidad con mayor porcentaje de personas adultas que afirman haber sufrido discriminación en México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El estudio reveló que el 32.1 por ciento de la población mayor de edad en el estado declaró haber vivido algún tipo de trato injusto o desigual.
La cifra coloca a Yucatán por encima de entidades como Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Jalisco, además de superar ampliamente el promedio nacional. El informe también señala que las mujeres reportan más experiencias de discriminación que los hombres, principalmente en espacios laborales, sociales y familiares.
Durante una exposición sobre derechos humanos, Enrique Ventura Marcial explicó que la discriminación es un problema estructural que se reproduce en distintos ámbitos cotidianos, como la familia, las escuelas y los centros de trabajo. Añadió que cualquier persona puede ser víctima de discriminación, pero también ejercerla sin darse cuenta.
Uno de los factores que más influyen en el caso de Yucatán es la discriminación hacia comunidades indígenas y personas hablantes de maya. Según los datos presentados, el estado ocupa el primer lugar nacional en discriminación por origen étnico o condición indígena. Organizaciones civiles señalaron que esta situación afecta el acceso a la justicia, la educación y diversos servicios públicos.
El informe también expone que muchas víctimas no presentan denuncias formales por miedo, desconocimiento o desconfianza hacia las instituciones. De acuerdo con especialistas, esta falta de denuncias provoca un subregistro que dificulta la creación de políticas públicas efectivas para combatir la discriminación y proteger a los sectores más vulnerables.
Además, se advirtió sobre la llamada discriminación indirecta, que ocurre cuando ciertas normas o requisitos aparentemente neutrales terminan afectando más a determinados grupos sociales. Ejemplos de ello son exigencias laborales relacionadas con apariencia física, forma de hablar o acceso a documentación oficial.
Finalmente, autoridades y activistas coincidieron en que combatir la discriminación requiere no solo reformas legales, sino también cambios culturales y sociales. En ese sentido, hicieron un llamado a fortalecer las campañas de sensibilización, ampliar el acceso a mecanismos de denuncia y promover el respeto hacia las comunidades indígenas y grupos históricamente vulnerables.