Tras más de diez horas de debate, el Senado aprobó la Ley de Muerte Digna.
Montevideo (Marcrix Noticias).- Uruguay se convirtió este miércoles en el cuarto país de América en legalizar la eutanasia activa, tras la aprobación del proyecto de Ley de Muerte Digna en la Cámara de Senadores, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas a “transcurrir dignamente el proceso de morir”.
Después de más de diez horas de discusión, los legisladores del Frente Amplio, junto con representantes de los partidos Colorado y Nacional, votaron a favor de la iniciativa, que permitirá a mayores de edad con enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimientos insoportables solicitar el procedimiento médico para poner fin a su vida de forma voluntaria y asistida.
El texto aprobado establece que podrán ampararse bajo esta ley los ciudadanos uruguayos, naturales o legales, así como extranjeros con residencia habitual en el país. El procedimiento estará estrictamente regulado y requerirá la evaluación médica y el consentimiento expreso del paciente.
El senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, destacó que el proyecto “ha sido construido con responsabilidad y amplio debate”, asegurando que se establecieron garantías claras para proteger a los pacientes y depositar confianza en los profesionales de la salud.
“Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente ni impone conductas. Se trata de transcurrir con dignidad el proceso final de la vida sin penalizar a nadie”, afirmó.
Por su parte, el senador colorado Ope Pasquet calificó la ley como “necesaria, liberal y humanitaria”. Explicó que busca atender la situación de personas con enfermedades incurables que padecen sufrimientos insoportables y desean acortar su vida para evitar el dolor.
Uruguay se suma así a Canadá, Colombia y Ecuador como los únicos países del continente americano que han despenalizado la eutanasia activa. En contraste, México mantiene únicamente leyes de voluntad anticipada en 20 estados, que permiten al paciente rechazar tratamientos médicos, pero no solicitar una muerte asistida.
El Poder Ejecutivo uruguayo deberá reglamentar la nueva ley en un plazo máximo de 180 días, y posteriormente conformar una Comisión Honoraria de Revisión, que estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Esta comisión se encargará de supervisar los procedimientos realizados bajo la nueva normativa y presentará informes anuales al Ministerio de Salud y a la Asamblea General.
Con información de Aristegui Noticias.