Ulises Lara, exfiscal de la FGR, es denunciado por su hermana Hilda de haber utilizado su influencia en la Fiscalía capitalina para fabricar un proceso penal por despojo en su contra y quedarse con la casa paterna.
México (Marcrix Noticias)-El exfiscal Especial para Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, es señalado por su media hermana de iniciar una embestida legal contra ella y de su esposo para quedarse con su casa, al estilo Alejandro Gertz Manero contra Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán.
Hilda Lara Guadián y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, afirman que cuando Ulises Lara era titular de la coordinación de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) operó para terminar acusándolos penalmente de despojo agravado de la casa de Carlos León Lara Corona, padre de Hilda y Ulises.
Por ello, presentaron su denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la propia FGJCDMX por abuso de poder y conflicto de intereses en este asunto. Sin embargo, en julio de 2024, cuando el exfuncionario era titular de la Fiscalía capitalina, dicha área determinó archivar el expediente OIC/FJG/DI/947/2024 alegando falta de elementos.
Hilda Lara y su esposo fueron vinculados a proceso por despojo agravado y, aunque consiguieron un amparo para que esta determinación fuera revocada porque el delito prescribió, una trabajadora de la FGJCDMX, que dice ser representante legal de Carlos León Lara Corona, tramitó un nuevo recurso que mantiene el litigio en una espiral que parece no tener fin.
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Compra y denuncias
El 21 de junio de 2013 Hilda Lara y su esposo, Pakabomba Muabi, quien ejerció su crédito de Infonavit, compraron la casa de los padres de ella, Carlos León Lara Corona y su esposa, Ady Guadián Patiño, ubicada en la colonia Acueducto de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Para el trámite acudieron ante el notario público número 165 del entonces Distrito Federal, el licenciado Carlos Sotelo Regil, quien asentó que Lara y Pakabomba pagaron dos millones 100 mil pesos por el inmueble, de los cuales 648 mil 969.88 pesos fueron pagados con el crédito de Infonavit.
La casa fue comprada originalmente por el matrimonio Lara Corona y Guadián Patiño en 1982 y desde entonces Hilda Lara y sus cuatro hermanos vivieron ahí con sus padres hasta que todos crecieron y tomaron sus propios caminos.
Ocho años después, en septiembre de 2021, Hilda Lara y su marido fueron notificados de que Carlos Lara les había demandado el desconocimiento de la compraventa del inmueble afirmando que, como parte de las jornadas notariales que se realizaban ese mes, intentó ir a hacer su testamento y se dio cuenta de que su casa ya no era suya desde 2013.
Eso, pese a que en 2013, cuando se realizó la compraventa, él y su esposa Ady acudieron personalmente ante el notario Sotelo Regil para protocolizar la transacción, tal como consta en la escritura que fue expedida en aquel entonces.
Cuando Hilda intentó cuestionar a su papá sobre el litigio, sólo pudo hablar con Ulises Lara, que era con quien entonces vivía Carlos Lara.
“Hablé por teléfono con Ulises, le dije ‘oye, mi papá está diciendo que nunca nos vendió la casa’ y le dije ‘esto no es cierto’, pero Ulises ya no quiere hablar más nada de esto”, explicó Hilda Lara en entrevista con Proceso.
Además de la demanda por la vía civil, el 21 de septiembre de 2021 fue presentada una denuncia a nombre de Carlos León Lara Corona ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra Hilda, su esposo, al notario Carlos Sotelo Regil Hernández y al Infonavit por fraude, falsificación o alteración y uso indebido de documentos.
Como parte de las diligencias de la carpeta de investigación CI/-FIDAGAP/LGBTTTI/UI-2S/D/00289/09-2021, iniciada por dicha denuncia, el 31 de enero de 2022 Ady Guadián fue entrevistada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) sobre los hechos denunciados por su esposo.
En dicha entrevista, Guadián afirmó que en junio de 2013 acudió junto con su esposo Carlos León Lara Corona, su hija y el esposo de ella al notario público 165 para firmar la compraventa y traspaso de la casa de Acueducto de Guadalupe y que su esposo recibió el dinero acordado por la transacción mediante un depósito realizado el 25 de junio de 2013 por el Infonavit.
Incluso, en las pruebas que ofrecieron para acreditar que la compraventa fue legal, se incluye una prueba pericial en materia de grafoscopía en la que el perito Daniel Matadamas Carrera concluyó que Carlos Lara sí fue quien firmó de puño y letra el instrumento notarial por el que se protocolizó la operación sobre la casa.
“Cuando ven que esto no procede o que hay muchas trabas, para 2022, después de que falleció mi mamá, nos fabricaron un delito que es despojo agravado a mi papá”, afirmó Hilda.
“De la noche a la mañana nos dicen ‘si usted no se presenta dos días después… porque se supone que ya habían notificado dos veces, cosa que nunca ocurrió, nunca nos llamaron de la Fiscalía para citarnos, sino que nos citaron arbitrariamente ante un juez de control en el Reclusorio Sur”.
Debido a que el esposo de Hilda es originario de la República Democrática del Congo, su abogado, Juan Luis Gómez Jardón, solicitó que le fuera otorgada la asistencia consular a la que tiene derecho por ser extranjero, de esta manera la defensa ganó tiempo en su caso para armar la estrategia legal que los lleve a entender qué estaba pasando.
En aquel momento Ulises Lara era vocero de la Fiscalía capitalina y coordinador de asesores de la fiscal, Ernestina Godoy.
De acuerdo con Gómez Jardón, al revisar esta carpeta, las firmas de Carlos Lara presentan variaciones y distan mucho entre sí, por lo que al advertir que podría haber irregularidades y que existía la posibilidad de que Ulises Lara estuviera interviniendo en el asunto, solicitaron audiencia con la entonces titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy.
“Ella nunca nos recibió, nos recibieron sus adjuntos, sus auxiliares, nos dieron por nuestro lado y fue así como tuvimos bien claro que no se iba a lograr nada, que la consigna ya estaba dictada”, explica Gómez Jardón a Proceso.
Por ello, el 31 de julio de 2023 presentaron una denuncia ante el OIC de la Fiscalía capitalina y ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, pero nunca prosperaron pese a que, para acreditar un posible conflicto de interés y tráfico de influencias, entre las pruebas estaban fotografías familiares en las que aparece Ulises Lara en la boda de Hilda, las actas de nacimiento de ambos para acreditar que son hijos del mismo padre, por mencionar algunas.
“De las constancias documentales, que obran en el expediente al rubro indicado, se advirtió que no se encuentran elementos suficientes que demuestren la existencia de alguna falta administrativa contra personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, motivo por el cual el 15 de julio de 2024 se emitió Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente, lo que se hace de su conocimiento para que surta los efectos legales a que haya lugar”, informó el OIC de la Fiscalía capitalina a Hilda y su esposo mediante el oficio número FGJCDMX/OIC/DI/1003/2024 del 16 de julio de 2024, firmado por el director de Investigación, César Gatica Madrigal.
Debido a que el caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México(TSJCDMX), el abogado Gómez Jardón considera que los jueces de control locales tienen miedo a enfrentarse al poder, pues, aunque argumentó que el delito de despojo, supuestamente ocurrido en 2013, prescribió en 2023, conforme a las reglas aplicables del Código Penal capitalino, sus clientes fueron vinculados a proceso.
“Nos separaron los casos porque sabían que con el señor Pakabomba Muabi nos íbamos a tardar mucho porque su embajada es regional y la sede está en Washington, en el Distrito de Carolina, por lo que en lo que mandaban la asistencia y eso, no se quisieron esperar y decidieron procesar a Hilda Lara”, explicó el abogado.
Impugnaciones
Al ser vinculados a proceso, la defensa de Hilda y Godefroid presentó recursos de apelación en los que fue confirmada la decisión de iniciar proceso penal en su contra, por lo que tramitaron juicios de amparo.
Los juicios de amparo fueron conocidos por separado por el juez Octavo de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, en el caso de Hilda Lara rechazó ampararla, pero a su esposo sí le concedió el amparo al considerar que las autoridades vulneraron sus derechos humanos porque nunca contó con asistencia consular.
Por ello, el juez revocó el auto de vinculación a proceso contra Godefroid Pakabomba Muabi y ordenó a las autoridades realizar todas las gestiones necesarias para que cuente con la asistencia consular a la que tiene derecho y se celebre nuevamente la audiencia de imputación para decidir si es posible o no vincularlo a proceso por los delitos por los que supuestamente fue denunciado por Carlos Lara.
Ambos tramitaron recursos de revisión en los que los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México coincidieron en que al momento en que fue presentada la denuncia en su contra, ya habían prescrito los delitos por los que la Fiscalía capitalina busca llevarlos a juicio.
“Al evidenciarse que se violaron los derechos humanos de Hilda Lara Guadián en el auto de vinculación a proceso de 13 de octubre de 2023 (…) Es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que dicha autoridad responsable (el juez de control) deje insubsistente la resolución reclamada de vinculación a proceso.
“Cite a una audiencia en la cual reponga el procedimiento de la diligencia celebrada el 13 de octubre de 2023, en la carpeta judicial 016/0738/2023 a partir de la conclusión de debate entre las partes y emita resolución en la que determine que por cuanto hace a Hilda Lara Guadián, no se encuentran satisfechos todos los requisitos para decretar su vinculación a proceso”, señala la sentencia en favor de la hermana de Ulises Lara, cuyo sentido fue reiterado en el caso de su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi.
En cumplimiento a las sentencias del Colegiado, mismas que ya son definitivas e inatacables, el juez de control Mauricio Ledesma Rodríguez, encargado del caso de Hilda Lara, celebró una nueva audiencia en la que, tal como se le ordenó, revocó el auto de vinculación a proceso y declaró que ya están prescritos los delitos que le fueron imputados.
De igual manera, el juez José Gabriel Martínez Peña se vio obligado a dictar un nuevo acuerdo en el que se retractó de la vinculación a proceso de Godefroid Pakaboma Muabi.
Sin embargo, la asesora jurídica Grace Montserrat Díaz Gutiérrez, que representa al señor Carlos Lara, quien es trabajadora de la FGJCDMX, presentó recursos de apelación contra estas nuevas determinaciones al considerar que los jueces “se excedieron” en el cumplimiento de las sentencias de amparo.
Hasta el momento, esos recursos de apelación, que están por cumplir un año de haber sido presentados, no han sido resueltos.
Víctima ausente
En todo este tiempo el padre de Hilda y Ulises Lara nunca se ha presentado ante ninguna autoridad de manera personal, ya sea para la realización de las audiencias o para cualquier otra diligencia.
De acuerdo con el abogado Gómez Jardón, durante todo el proceso penal ha sido representado por la asesora victimal que trabaja en la Fiscalía capitalina, Grace Montserrat Díaz Gutiérrez, es decir, que fue subordinada de Ulises Lara cuando éste asumió la titularidad de la institución en 2024.
“Incluso como prueba anticipada, solicitamos, por su situación de edad, de estado de salud, que se desahogara su testimonio antes de llegar a juicio, pero los dos jueces de control siempre lo impidieron, nunca quisieron que nos acercáramos a él, nunca dieron la oportunidad de que se presentara a una audiencia, todo era a través de los asesores jurídicos de la Fiscalía”, dijo el abogado.
Mientras tanto, Carlos Lara únicamente le dice a su hija que él desconoce de cualquier juicio y que, en todo caso, el que se hace cargo de ese tipo de trámites es su hijo Ulises, pero este no habla del tema con Hilda.
El aseguramiento de la casa
Desde el inicio del litigio fueron ordenadas inscripciones precautorias para evitar que Hilda y su esposo intenten vender la casa que se les reclama.
Pero desde 2023 la Fiscalía capitalina obtuvo una orden judicial para asegurar la casa, por lo que Hilda y su familia fueron desalojados del inmueble sin que estuviera presente un actuario, ni se realizara un inventario de lo que había adentro.
“Nunca quisieron hacer el inventario, no lo han mostrado, nada, les urgía asegurar para cumplir las órdenes que ya tenían”, explicó el abogado.
Al momento en que la Fiscalía asumió la posesión de la casa, Hilda y su esposo estaban trabajando y sus hijos en la escuela.
“No había nadie en la casa, nunca abrieron, sólo la encadenaron, le pusieron sellos y nosotros tuvimos que repartirnos entre familiares porque nosotros no sabíamos nada de que iban a hacer esto y a la fecha no hemos podido regresar a la casa”, relata Hilda.
El 11 de diciembre de 2024 el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México emitió otra resolución en favor del matrimonio Lara-Pakabomba en el que ordenó levantar el aseguramiento sobre el inmueble al considerar que fue realizado contra lo que establece la Constitución.
“Se llega a la conclusión que la determinación judicial de decretar el aseguramiento del inmueble, tantas veces citado, incumple con el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, en contravención a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional.
“Lo que da lugar a otorgar la protección constitucional a la parte quejosa”, indica el fallo consultado por Proceso.
La posición del exfiscal
Ulises Lara López ascendió rápida y accidentadamente en los puestos públicos que ocupó y, de la misma manera, su carrera se vio opacada con su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR).
Es licenciado en Sociología por la UNAM, título y cédula que obtuvo en el año 2000 y tiene una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la misma casa de estudios, que estudió en 2017 y de la que obtuvo la cédula dos años después.
Según documentos públicos, de 2013 a 2014, durante la gestión del exjefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, fue director Ejecutivo y de Formación Continua y Servicios Estudiantiles de la Secretaría de Educación del entonces Gobierno del Distrito Federal.
Posteriormente, de 2015 a 2016 fue director general del Instituto de Educación Media Superior del entonces Distrito Federal (IEMS) y durante la gestión de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que inició en diciembre de 2018 y concluyó en enero de 2024, ingresó a la institución.
En 2019 estuvo al mando de la Dirección de Diseño de Estrategias y fue responsable de la Unidad de Transición de la Fiscalía capitalina, ese mismo año se tituló como abogado por el Centro Universitario Cúspide de México, pero obtuvo su cédula profesional hasta 2024.
En 2020 estudió un doctorado en Derecho en el Instituto Ejecutivo Mexicano, cuya cédula fue expedida ese mismo año.
En enero de 2024, cuando Godoy no fue ratificada por el Congreso capitalino para mantenerse otro periodo al frente de la FGJCDMX, fue designado por ella como encargado de despacho, pese a que la ley exige que para ocupar el puesto de fiscal se requiere contar con título y cédula profesional de licenciado en Derecho con experiencia mínima de cinco años y Lara obtuvo su cédula profesional al día siguiente de su designación.
En su momento, Godoy reconoció que Ulises Lara no tenía licenciatura en Derecho sino en Sociología, pero que hizo un posgrado en Derecho en el año 2020 y que la ley pide cinco años de experiencia, no de antigüedad de la cédula profesional.
Para hacer el movimiento sin infringir más la ley, Godoy ascendió a Lara a Coordinador General de Investigación Territorial, cargo que ocupaba en aquel entonces Oliver Pilares, de este modo, cubrió el requisito de la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina para que pudiera quedar como encargado de despacho.
Al día siguiente de asumir el cargo, Lara acudió a un acto público del entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, quien le dio la bienvenida y externó su apoyo ante la polémica por la premura con la que obtuvo su cédula profesional de abogado.
Proceso consultó al exfiscal sobre los señalamientos en su contra y el caso de su media hermana. Ulises Lara rechaza haber intervenido en el litigio que su padre inició contra su familiar.
Lara reconoce que su hermana solicitó que fuera investigado internamente en la Fiscalía capitalina sobre si él tuvo alguna intervención, pero que la resolución salió en su favor.
“(Hilda) se entrevistó con la fiscal Ernestina (Godoy) y ahora mi papá está en el domicilio que había solicitado que se le devolviera”, explica.
“El estado procesal actual lo desconozco, pero entiendo que le solicitaron el perdón a mi padre y él se los otorgó”.
Aclara que el hecho de que la Fiscalía capitalina impugnó la resolución favorable a su hermana y el esposo de ella no tiene nada qué ver con él, sino que forma parte de la estrategia de litigio normal de la institución.
“No se va a resolver porque se haga mediático y con acusaciones que no tienen fundamento”, agrega.
Ulises Lara ha sido relacionado con los Batres no sólo en la política, sino debido a que tuvo una relación sentimental con la ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres.
En agosto de 2024 Ulises Lara volvió a ser noticia luego de rescatar al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien autoridades de dicha entidad intentaron detener por peculado y corrupción mientras cenaba en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México.
En su momento, Lara afirmó que la Fiscalía capitalina recibió la orden de captura emitida por un juez de Chihuahua, pero que la institución decidió no colaborar con las autoridades estatales y que en realidad evitó una detención ilegal.
Para mayo 2025 el exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, designó a Lara como delegado de la institución federal en el estado de Morelos.
A la renuncia de Gertz Manero a la FGR, Ernestina Godoy fue designada como nueva Fiscal General.
Una vez ahí, en enero de 2026 Godoy nombró a Lara como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes (FEIAR), puesto que en su momento ocupó el fallecido Juan Ramos López, quien era el segundo al mando de Gertz Manero y fue denunciado por participar junto con el exfiscal en actos de presión contra abogados, imputados e incluso familiares de su jefe, como en el caso de Alejandra Cuevas y su madre.
En ese puesto, Ulises Lara también se convirtió en vocero de la FGR y tenía a su cargo la investigación de casos de interés del gobierno federal, pues ahora él era el segundo al mando de Ernestina Godoy, siendo este el nivel más alto en su carrera política.
El 14 de julio último Proceso informó que, a menos de un año de asumir su cargo como titular de la FEIAR, Lara presentó su renuncia alegando “motivos personales”, pero casi de inmediato comenzaron a circular públicamente versiones que señalan que el motivo de su dimisión está entrelazado con actos de corrupción.
Cinco días después de salir de la FGR, Ulises Lara emitió un comunicado en el que rechazó haber cometido tales actos y afirmó que utilizará las vías formales para aclarar cualquier señalamiento en su contra.