El Presidente ordenó evaluar en 90 días si la especie en peligro de extinción debe perder su protección federal, una medida que beneficiaría a ganaderos que denuncian ataques contra sus animales.

Washington (Marcrix Noticias).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para evaluar si el lobo gris mexicano y el lobo gris deben perder las protecciones que actualmente tienen bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, como parte de una estrategia de su administración para atender las afectaciones que ganaderos atribuyen a los ataques de estos animales.

La orden instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a determinar en un plazo de 90 días si ambas poblaciones cumplen con los criterios necesarios para reducir o retirar su protección federal.

La medida podría abrir el camino para flexibilizar las restricciones sobre el manejo de los lobos y ampliar las acciones letales contra ejemplares involucrados en ataques al ganado. Sin embargo, por el momento no significa que la caza del lobo gris mexicano quede permitida de manera general.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, recordó durante las discusiones sobre la medida que el lobo mexicano continúa clasificado como una especie en peligro de extinción.

El lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi) está protegido en Estados Unidos desde 1976 y en 2015 obtuvo una entrada propia como subespecie en la lista federal de especies amenazadas y en peligro de extinción.

Las normas vigentes ya permiten a las autoridades intervenir en determinadas circunstancias cuando un ejemplar ataca al ganado. Dependiendo de cada caso, las acciones pueden incluir su captura, traslado o eliminación.

Datos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS) indican que entre 1998 y 2023 se realizaron 21 remociones letales de lobos mexicanos, además de 81 remociones permanentes no letales y 54 temporales.

Estas acciones se realizan bajo las disposiciones del programa federal de recuperación y no representan una autorización para la caza indiscriminada de la especie.

La diferencia con la orden impulsada por Trump es que ahora el Departamento del Interior deberá analizar si existen las condiciones para disminuir o eliminar las protecciones federales y considerar criterios que permitan una respuesta más amplia ante los conflictos entre lobos y ganaderos.

La decisión provocó críticas de organizaciones dedicadas a la conservación de los lobos, que advierten que reducir las protecciones podría poner en peligro décadas de esfuerzos para recuperar a una especie que estuvo prácticamente extinta en vida silvestre durante la década de 1970.

El Grand Canyon Wolf Recovery Project señaló que la población continúa siendo reducida y enfrenta importantes desafíos genéticos.

Por su parte, Greta Anderson, subdirectora de Western Watersheds Project, cuestionó que los ataques de lobos representen uno de los principales problemas para la industria ganadera y sostuvo que su impacto es menor frente a otros desafíos económicos y climáticos que enfrentan los productores del oeste de Estados Unidos.

Las organizaciones conservacionistas también han recordado que existen programas estatales y federales para compensar económicamente a los ganaderos por las pérdidas provocadas por ataques de lobos.

Asimismo, los departamentos estatales de vida silvestre financian estrategias para reducir los conflictos, entre ellas el retiro de animales muertos y la vigilancia de los rebaños durante el pastoreo.

“El problema no son los lobos mexicanos, sino el enfoque de la administración para resolver los supuestos conflictos. Si la administración realmente quisiera apoyar a los ganaderos, daría prioridad a aumentar la financiación de iniciativas no letales para crear soluciones duraderas”, señaló Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center.

Los datos más recientes del FWS estiman que al cierre de 2025 existía una población mínima de 319 lobos mexicanos en estado silvestre en Arizona y Nuevo México, un aumento frente a los 286 contabilizados un año antes.

De ese total, 143 ejemplares se encontraban en Arizona y 176 en Nuevo México.

El crecimiento de la población, sin embargo, no significa que la especie pueda ser retirada automáticamente de la lista de especies en peligro.

El plan federal de recuperación establece criterios demográficos y genéticos que deben cumplirse antes de considerar recuperado al lobo mexicano.

Entre ellos se encuentra mantener en Arizona y Nuevo México un promedio de al menos 320 ejemplares durante ocho años, superar esa cifra durante cada uno de los últimos tres años de dicho periodo y conservar una tasa promedio de crecimiento estable o positiva.

La estrategia también contempla el desarrollo de poblaciones de lobos en México como parte del esfuerzo binacional para recuperar la especie.

Durante su primer mandato, Trump ya había impulsado el retiro de las protecciones federales para el lobo gris, pero la medida fue posteriormente anulada por un tribunal.

Ahora será el Departamento del Interior el encargado de revisar el cumplimiento de los criterios de recuperación y determinar si procede iniciar un proceso para reducir o retirar las protecciones federales.

Hasta que concluya esa evaluación y, en su caso, se realice el procedimiento correspondiente, el lobo gris mexicano continuará protegido como especie en peligro de extinción en Estados Unidos.

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