La determinación fue tomada al emitir el acuerdo de Pleno correspondiente al cuaderno de antecedentes CA/009/2024 responde a la solicitud de la legisladora, quien señaló actos potenciales de violencia política.
Chetumal (Marrcrix Noticias)- En una decisión unánime, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) ha dictaminado la procedencia de medidas de protección para una diputada de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, ante la posible ejecución de actos que podrían configurar Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG).
La determinación fue tomada al emitir el Acuerdo de Pleno correspondiente al cuaderno de antecedentes CA/009/2024, el cual se refiere a las medidas de protección solicitadas por la legisladora en contra de José Luis Pech Várguez, en su calidad de coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, así como José Luis Pech Galera y Jacobo David Cheja Alfaro, en su calidad de Delegado Nacional del partido Movimiento Ciudadano en la entidad.
En virtud de esta resolución, el Pleno ha ordenado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo asignar de manera inmediata la protección necesaria, continua y permanente a la diputada, hasta que se emita la sentencia definitiva por parte del TEQROO.
Además, se ha exhortado al Titular de la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) para que, en adelante, en casos relacionados con VPG donde se manifieste un posible e inminente riesgo a la integridad, libertad y vida de la persona que solicite medidas de protección, actúe con mayor diligencia, en cumplimiento de la obligación de todas las autoridades de garantizar tales medidas.
En la misma sesión virtual, se abordó el Recurso de Apelación RAP/055/2024, interpuesto por el PRD contra el acuerdo 36 del presente año, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del IEQROO. El acuerdo cuestionado determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el partido actor en los expedientes IEQROO/PES/051 y 52 acumulados.
Finalmente, el Pleno, por unanimidad de votos, confirmó el acuerdo impugnado, ratificando la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el PRD, aunque por razones distintas a las planteadas inicialmente por el partido.