La Suprema Corte determinó que solo la Auditoría Superior de la Federación puede revisar recursos federales ejercidos por municipios, lo que dejó sin efecto una auditoría estatal a Abelina López
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la revisión de los recursos federales de los municipios es una facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que las auditorías estatales no pueden fiscalizar de manera directa el manejo de ese dinero.
La decisión fue tomada al resolver una controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco, en Guerrero. El máximo tribunal concluyó que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero invadió competencias federales al intentar revisar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal correspondientes a la Cuenta Pública de 2023.
Con este fallo, quedó sin efecto el requerimiento de información que la Auditoría Superior del Estado hizo al Ayuntamiento de Acapulco sobre el manejo de 898.6 millones de pesos. Además, la Suprema Corte declaró inválidos tanto el informe de auditoría como el oficio mediante el cual se solicitó la documentación.
Los ministros aclararon que esta resolución no significa que esos recursos queden sin vigilancia. Explicaron que la Auditoría Superior de la Federación mantiene la facultad de revisar el uso de los fondos federales y, en caso de detectar irregularidades, realizar las investigaciones y procedimientos que correspondan.
La resolución también tiene impacto en la situación de la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien se había negado a entregar la información solicitada por la autoridad estatal al considerar que esta no tenía atribuciones para requerirla. El fallo respalda esa postura al establecer que la fiscalización corresponde únicamente a la autoridad federal.
Abelina López solicitó licencia indefinida al cargo el pasado mes de junio con el propósito de participar en el proceso interno de su partido rumbo a la elección de la gubernatura de Guerrero en 2027. Su separación del cargo forma parte del calendario político definido para la renovación de coordinaciones estatales y municipales.
De manera paralela, la presidenta municipal con licencia enfrenta una investigación de la Fiscalía de Guerrero por un presunto delito de cohecho relacionado con un collar de lujo que habría utilizado durante una sesión de Cabildo. La carpeta de investigación ya fue integrada y las autoridades estatales buscan que rinda declaración para continuar con las indagatorias, mientras ambos procesos avanzan por vías independientes.