Jorge Eduardo Ballesteros Franco, es investigado por presunto lavado de dinero relacionado con la prórroga de la concesión otorgada durante el gobierno de Roberto Borge.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), quien busca dejar sin efecto una orden de aprehensión librada en su contra por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero.
Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte consideró que el asunto reúne los criterios de interés y trascendencia necesarios para ejercer su facultad de atracción, luego de que el ministro Irving Espinosa Betanzo sometiera el caso a consideración de sus integrantes.
Tras la decisión, el expediente será turnado a una ministra o ministro, quien estará encargado de elaborar el proyecto de sentencia que posteriormente deberá ser analizado y votado por el máximo tribunal.
Uno de los puntos centrales que deberá resolver la Corte es si para librar una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita debe existir previamente una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a lo establecido en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
La resolución sobre este criterio será relevante para el proceso contra Ballesteros Franco, pues su defensa cuestiona la legalidad de la orden de captura emitida en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de aprehensión contra el empresario ante un juez federal, quien la concedió el 24 de febrero de 2025.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Federal, Ballesteros Franco estaría relacionado con presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con la prórroga de la concesión de Aguakan durante la administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, entre 2011 y 2016.
Las investigaciones también involucran una contraprestación por mil 55 millones 999 mil 962 pesos a favor del Gobierno de Quintana Roo relacionada con la ampliación de la concesión.
Aguakan mantiene la concesión para prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen con vigencia hasta 2053.
La concesión y sus posteriores modificaciones han generado controversia durante años en Quintana Roo, donde distintos sectores de la población han exigido retirar a la empresa la prestación del servicio.
Como parte de su estrategia legal, Ballesteros Franco promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión y también impugnó la probable existencia de una ficha roja de Interpol relacionada con su búsqueda.
En primera instancia, un juez federal rechazó concederle el amparo al considerar que existen datos de prueba suficientes para presumir su probable participación en los delitos investigados.
El juzgador determinó además que la orden de aprehensión emitida por un juez de control se encontraba fundada y motivada, por lo que la defensa del empresario interpuso un recurso de revisión que posteriormente fue admitido por un Tribunal Colegiado.
Ballesteros Franco solicitó entonces que la Suprema Corte conociera directamente del asunto. Aunque el empresario carecía de legitimación para solicitar por sí mismo el ejercicio de la facultad de atracción, el ministro Irving Espinosa Betanzo hizo suya la petición y la presentó ante el Pleno.
Con la decisión unánime de atraer el amparo, será ahora la Suprema Corte la encargada de establecer el criterio jurídico que determinará el rumbo del recurso promovido por el socio mayoritario de Aguakan y, con ello, el futuro de la orden de aprehensión que pesa en su contra.