La dependencia estatal fortalece la vigilancia y los operativos interinstitucionales para evitar la venta ilegal de terrenos.

Cancún (Marcrix Noticias)-La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) reforzó la coordinación con los tres órdenes de gobierno para atender la problemática de asentamientos irregulares y venta ilegal de terrenos en Quintana Roo.

El titular de la dependencia, Alberto Alonso Ovando, informó que las acciones se centran en dar un tratamiento diferenciado a cada caso, buscando conciliar los intereses de propietarios y ocupantes, y a la vez garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

El funcionario advirtió que los propietarios privados que subdividen y venden lotes sin permisos incurren en un delito, ya que no pueden ofrecer certeza jurídica ni garantizar servicios públicos a los compradores.

Por ello, la Sedetus lleva a cabo una verificación rigurosa de los permisos municipales de los vendedores o desarrolladores, emite boletines de alerta, realiza inspecciones y aplica sanciones severas a quienes no detengan la actividad irregular.

Asimismo, se mantiene la vigilancia sobre ejidatarios o parcelarios que venden terrenos sin autorización, así como sobre quienes ocupan ilegalmente predios nacionales o estatales, los subdividen y los comercializan sin ser legítimos propietarios.

Alonso Ovando explicó que la estrategia principal para atender los asentamientos irregulares incluye un “tratamiento especial” enfocado en la regularización y conciliación de los casos, priorizando la estabilidad social y el orden urbano.

El funcionario subrayó que la Sedetus también alerta a la ciudadanía, mediante circulares y redes sociales, sobre los riesgos de comprar en desarrollos irregulares, recordando que quienes adquieren esos terrenos “estarían contribuyendo a cometer delitos en contra del desarrollo urbano y poniendo en riesgo su patrimonio”.

Finalmente, destacó que el trabajo se intensifica en municipios como Benito Juárez, donde la incidencia de desarrollos irregulares es más alta, y donde se busca fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción.