Activistas, acusan que la construcción que realiza el Ejército avanza sin permisos ambientales, pese a la suspensión provisional emitida por un juez federal.

 

Bacalar (Marcrix Noticias).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reanudó las obras de construcción en la zona federal de la Laguna de Bacalar, a pesar de existir una suspensión provisional ordenada por un juez federal, denunciaron las organizaciones civiles Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A.C. (DMAS).

A través de un video difundido en redes sociales el 15 de mayo, activistas evidenciaron el uso de maquinaria pesada en la zona donde se realiza una obra señalada como ilegal, debido a que carece de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y no ha pasado por un proceso de consulta pública.

El proyecto, promovido por la Sedena como un espacio de descanso para su personal, se desarrolla frente al Fuerte de San Felipe, en un sitio catalogado como patrimonio histórico del estado de Quintana Roo. 

Ambientalistas y pobladores han señalado que esta construcción, representa un riesgo grave para el ecosistema de la laguna de los siete colores.

Pese a la orden judicial que prohíbe continuar los trabajos, la Sedena ha desacatado la instrucción. “Quien debe protegerte, rompe la ley a su antojo”, señalan publicaciones en redes sociales que acusan a la dependencia federal de actuar con impunidad.

Greenpeace México también ha advertido que el dragado y uso de maquinaria pesada podría causar daños ambientales irreversibles en Bacalar. 

“La Sedena argumenta que su construcción está exenta de la MIA, mientras que la Semarnat dice que no hay afectación ecológica, pero no presentan pruebas”, criticó la organización.

La audiencia incidental para definir si se concedía la suspensión definitiva de la obra, se fijó para el 28 de abril, sin que hasta ahora Sedena o Semarnat hayan emitido un pronunciamiento oficial sobre el desacato.

Organizaciones sociales, colectivos y habitantes locales exigen frenar de inmediato la construcción y respetar la legalidad para proteger uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del Caribe mexicano.

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