La autoridad fiscal confirmó una deuda superior a 3.8 millones de pesos más impuestos y el aseguramiento de siete bienes.
Cancún (Marcrix Noticias).- El SAT reactivó el embargo contra Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, y confirmó el aseguramiento de siete bienes por adeudos fiscales federales que superan los 3 millones 897 mil 506 pesos, además del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta.
La acción más reciente ocurrió el 14 de enero de 2026, cuando la autoridad fiscal aseguró un departamento ubicado en Playa del Carmen, cerca de la zona de playa Shangri la, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo.
El Servicio de Administración Tributaria informó que el procedimiento deriva del incumplimiento en el pago de contribuciones federales. La cifra reportada corresponde a impuestos omitidos, a los que se suman recargos y obligaciones relacionadas con IVA e ISR.
Además del inmueble ya asegurado en Playa del Carmen, existen propiedades registradas en Cozumel y tres más en Chetumal que forman parte del procedimiento administrativo.
El exmandatario permanece recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos mientras continúan los procesos legales en su contra.
Antecedentes de bienes liberados
No es la primera vez que el SAT inicia acciones de embargo contra propiedades vinculadas a Roberto Borge. En 2018 fueron asegurados dos bienes en Cozumel, los cuales posteriormente fueron liberados en 2025 sin que se hiciera público el argumento de su devolución.
Tras esa liberación, los inmuebles volvieron a estar disponibles para uso de la familia del exgobernador.
El caso se mantiene bajo seguimiento institucional, casi nueve años después de la detención del exgobernador en Panamá. Las autoridades fiscales reiteraron que el procedimiento responde exclusivamente a obligaciones tributarias pendientes.
El SAT continuará con los actos administrativos correspondientes para garantizar el cumplimiento del adeudo fiscal. La medida refleja la persistencia de revisiones patrimoniales a exservidores públicos con procesos judiciales abiertos y obligaciones fiscales vigentes.