El gobernador de Nuevo León veta propuesta de incremento impulsada por el alcalde de Monterrey, que podría llegar hasta el 1500% en algunas zonas de la ciudad.
Monterrey (Marcrix, Noticias).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó el aumento al impuesto predial en Monterrey propuesto por el alcalde Adrián de la Garza, calificándolo como un “atraco” y un aumento “excesivo”.
A través de un veto formal enviado al Congreso local, García destacó que el incremento, que podría llegar hasta un 1500% en algunas zonas, era inaceptable y perjudicial para las familias regiomontanas.
El mandatario estatal indicó que, aunque el aumento generalizado propuesto era del 30%, en algunas áreas de Monterrey el ajuste podría ser mucho más alto.
Citó como ejemplo la colonia Nogales, donde el impuesto predial pasaría de 150 pesos a 3 mil, y áreas cercanas a la avenida Luis Donaldo Colosio, donde la contribución subiría de 3 mil 200 a 7 mil 800 pesos.
“No puedo permitir como gobernador que el predial suba al doble o triple, y menos en un año que promete ser complicado, tanto por la situación económica federal como por la relación con Estados Unidos”, explicó García, quien dijo sentirse obligado a vetar la propuesta de manera responsable.
El veto fue entregado al Congreso a través del consejero jurídico del estado, Ulises Carlin de la Fuente, quien lo presentó en la Oficina de Partes.
Para que el veto sea rechazado, los legisladores deberán obtener una mayoría calificada de dos terceras partes, lo cual, según García, espera que no logren.
El incremento al predial fue propuesto por el alcalde Adrián de la Garza, con quien el gobernador mantiene diferencias políticas.
García agregó que, según encuestas realizadas tanto por medios de comunicación como por sus redes sociales, un 80-90% de los ciudadanos se oponían al aumento, lo que ratificaba su postura contra la medida.
El veto generó una rápida respuesta por parte del coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Carlos de la Fuente, quien calificó la acción de García como un “berrinche”.
El legislador señaló que el decreto fue aprobado el 29 de noviembre, y que el gobernador ya había agotado los plazos establecidos para enviar observaciones y publicar en el Periódico Oficial.
Según de la Fuente, la decisión de García fue una reacción personal debido a las diferencias políticas con el alcalde, lo que calificó como “niñerías y chiflazones”.
Por ahora, el futuro del veto queda en manos del Congreso, que deberá decidir si respalda o rechaza la postura del gobernador.