Un tribunal federal calificó como ilegal el envío de tropas de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump en Washington. La jueza determinó que la medida excedió su autoridad 

Estados Unidos. (Marcrix Noticias).- Un tribunal federal de Estados Unidos asestó un revés a Donald Trump al calificar como ilegal el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington, al considerar que la medida excedió las facultades presidenciales y violó los procedimientos constitucionales. La resolución marca un punto crítico en el debate sobre los límites del uso militar dentro del territorio nacional.

La jueza Jia Cobb determinó que el envío de militares a la capital careció de la solicitud formal de las autoridades civiles locales y respondió a fines no contemplados por la normativa vigente. El fallo concede un plazo de veintiún días para que la administración de Trump presente una apelación antes de que la suspensión del despliegue pueda ejecutarse.

La decisión se deriva de una demanda promovida por el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, quien argumentó que la presencia de la Guardia Nacional sin coordinación institucional representa un riesgo para la seguridad ciudadana, además de constituir una intervención injustificada en la vida pública de la capital.

El tribunal consideró que la movilización vulneró los límites que impone la ley sobre la actuación de fuerzas militares en suelo estadounidense, al no existir una emergencia real ni un requerimiento del gobierno local que la justificara. Estas condiciones, según la sentencia, son indispensables para una intervención de este tipo.

El conflicto se suma a una serie de tensiones legales entre el gobierno federal y ciudades gobernadas por administraciones demócratas, donde también se han registrado despliegues controvertidos, como en Los Ángeles y Portland. En este contexto, la resolución judicial representa un golpe significativo para la estrategia de seguridad impulsada por el presidente.

La determinación abre un nuevo escenario político y jurídico al cuestionar directamente la amplitud de la autoridad presidencial en el uso de fuerzas militares dentro del país. El caso podría sentar un precedente relevante para futuras decisiones relacionadas con la intervención de la Guardia Nacional en asuntos locales.

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