Una investigación de The New York Times documentó que agentes estadounidenses habrían participado en entrenamientos, labores de inteligencia y operativos contra cárteles desde 2025, con apoyo de exfuncionarios estatales y sin autorización del Gobierno federal

Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- Nuevos detalles sobre las presuntas operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en Chihuahua revelaron que sus agentes habrían trabajado durante más de seis meses junto con corporaciones policiales estatales, participado en misiones contra organizaciones criminales y rebasado los límites de cooperación reconocidos oficialmente entre ambos países.

Una investigación de The New York Times, retomada por Excélsior, señala que la colaboración comenzó en 2025 mediante Guillermo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y excomandante policial de Chihuahua, quien facilitó el acercamiento entre agentes estadounidenses y elementos de seguridad estatales.

De acuerdo con testimonios de funcionarios mexicanos y estadounidenses, los agentes de la CIA participaron en entrenamientos tácticos, acompañaron a policías durante operativos y proporcionaron información de inteligencia en tiempo real. En algunas intervenciones habrían portado armas y utilizado uniformes con insignias de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para ocultar su identidad.

El reportaje también expuso que Zuany recuperó su visa estadounidense después de colaborar con la agencia, pese a que anteriormente había sido señalada la existencia de presuntos vínculos suyos con grupos criminales. La CIA habría mantenido contacto con el exfuncionario incluso cuando autoridades estadounidenses investigaban sus antecedentes.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en abril de 2026, durante un operativo para localizar y destruir un laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara. En la misión participaron agentes estadounidenses y fuerzas mexicanas; al concluir, una camioneta cayó por un barranco de aproximadamente 90 metros y explotó, provocando la muerte de dos agentes de la CIA y dos policías mexicanos.

Tras conocerse la participación de personal extranjero en actividades operativas, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el Gobierno federal no hubiera sido informado y sostuvo que ninguna agencia extranjera puede realizar labores de seguridad en territorio nacional sin autorización. El caso derivó en investigaciones y órdenes de aprehensión contra Guillermo Zuany Portillo, quien permanece prófugo, y el exfiscal general César Jáuregui, detenido y acusado por autoridades mexicanas, mientras este último ha negado conocer la presencia operativa de la CIA. Excélsior +3

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