Territorium Life, responsable de la plataforma del examen de admisión de la UNAM, también administra un sistema de capacitación del Gobierno federal donde se han detectado errores que ponen en duda la confiabilidad de sus servicios
Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- La empresa Territorium Life, encargada de la plataforma utilizada para aplicar el examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfrenta un nuevo señalamiento.
Además de las irregularidades detectadas durante el proceso de ingreso a la universidad, también opera SaberesMX, una plataforma de capacitación del Gobierno federal en la que usuarios han reportado fallas que permiten obtener constancias sin concluir correctamente los cursos.
De acuerdo con la investigación, en algunos módulos de SaberesMX es posible avanzar de manera indebida y acreditar capacitaciones sin cumplir con todos los requisitos establecidos. Estas anomalías han generado cuestionamientos sobre la supervisión y el funcionamiento de las herramientas tecnológicas contratadas para procesos educativos oficiales.
La polémica se suma a lo ocurrido con el examen de admisión de la UNAM. La universidad informó que 191 mil 306 aspirantes se registraron para el concurso de selección 2026 y 158 mil 712 presentaron la evaluación en línea. Asimismo, canceló alrededor del 2 por ciento de los exámenes, es decir, poco más de 3 mil pruebas, al detectar conductas irregulares durante su aplicación.
Como parte de las medidas para garantizar la transparencia del proceso, la UNAM convocó a 58 mil aspirantes a presentar un examen de control presencial, con el objetivo de confirmar los resultados obtenidos en la evaluación en línea y asegurar que el ingreso se realice bajo condiciones de equidad.
El caso ha abierto un debate sobre la confiabilidad de las plataformas digitales utilizadas en procesos educativos de alto impacto. Las fallas atribuidas a Territorium Life, tanto en el examen de la UNAM como en los cursos del Gobierno federal, han puesto bajo la lupa la calidad de los servicios tecnológicos contratados con recursos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión.