La Fiscalía General de la República reveló que la red conocida como “Los Primos”, presuntamente dirigida por los vicealmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías, operaba una megaestructura de huachicol fiscal con alcance en varias entidades del país

Ciudad de México. (Marcrix Noticias).- La red de huachicol fiscal de Los Primos,presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, operaba una estructura criminal con capacidad para cerrar la aduana de Tampico durante una hora y descargar millones de litros de diésel en cerca de 300 pipas. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo buscaba incluso controlar todas las aduanas marítimas del país.

Durante una audiencia en la que fueron vinculados a proceso 10 marinos, la FGR señaló que se trata de una organización delictiva integrada por personal de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios, que operaba desde 2023 y que tenía alcances en Tamaulipas, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

Las investigaciones indican que el grupo manejaba entre 290 y 300 pipas, con las que descargaban el contenido de buques, un total de 31 entre marzo de 2024 y mayo de 2025. Para evadir impuestos, reportaban la entrada de aditivos, pero en realidad introducían diésel automotriz que era distribuido entre empresarios.

Un testigo colaborador identificado como “Santo” relató que fue reclutado a través de una plataforma de mensajería por un usuario llamado MK, quien lo integró a las operaciones de huachicol. Otro testigo, con iniciales JHR, confirmó que los barcos recibían un trato especial en aduanas y que en lugar de aditivos se descargaba diésel.

La FGR explicó que la magnitud del esquema y el nivel de complicidad permitieron suponer que se trataba de una agrupación delincuencial innominada, es decir, que puede operar sin nombre definido y cuyos integrantes no necesariamente se conocen entre sí. La operación se mantenía bajo silencio debido al rango de los mandos involucrados.

El juez reclasificó los delitos a delincuencia organizada con fines de realizar delitos en materia de hidrocarburos y abrió un plazo de seis meses de investigación complementaria. Los acusados fueron ingresados al penal de máxima seguridad del Altiplano, aunque uno de ellos, identificado como Humberto “N”, solicitó ser trasladado a una prisión militar tras denunciar haber sido amedrentado.

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