Autoridades exhortan a madres y padres de familia a denunciar cualquier cobro que limite el acceso de estudiantes a la educación pública
Cancún (Marcrix Noticias).-A unos días del regreso a clases, la Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios del municipio de Benito Juárez recordó que ninguna escuela pública puede condicionar la inscripción o permanencia de un estudiante al pago de cuotas, uniformes o aportaciones voluntarias, ya que la educación es un derecho gratuito garantizado por la Constitución.
El director de la dependencia, Edgar Mora Ucán, señaló que los únicos pagos permitidos son aquellos establecidos por la autoridad educativa, por lo que cualquier cobro adicional que represente un requisito para acceder a las aulas podría constituir una violación al derecho a la educación.
Indicó que, hasta el momento, no se han presentado denuncias formales por este tipo de prácticas. No obstante, informó que la dependencia ya brindó orientación a dos madres, padres o tutores que solicitaron asesoría por presuntos cobros indebidos y estimó que, con el inicio del nuevo ciclo escolar, podrían incrementarse las consultas y reportes relacionados con este tema.
Mora Ucán reconoció que muchos planteles enfrentan necesidades de mantenimiento y requieren materiales de limpieza o insumos para su funcionamiento. Sin embargo, enfatizó que estas necesidades deben atenderse mediante acuerdos entre la comunidad escolar o con el apoyo de empresas, fundaciones y organizaciones civiles, sin trasladar la responsabilidad económica a las familias.
El funcionario agregó que los asuntos vinculados con el ámbito educativo representan actualmente alrededor del cinco por ciento de las atenciones que ofrece la Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, porcentaje que podría aumentar durante las próximas semanas debido al regreso a clases.
Finalmente, hizo un llamado a madres, padres y tutores para que denuncien cualquier intento de condicionar la inscripción o permanencia de sus hijas e hijos por motivos económicos. Reiteró que el acceso a la educación pública es un derecho constitucional que debe garantizarse sin discriminación y sin obstáculos financieros.