El Tribunal determinó que las letras hacen apología del delito y confirma la vigencia del decreto estatal, que impide interpretar ese tipo de música en espectáculos públicos.
Michoacán (Marcrix Noticias).– El Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo, revocó la suspensión provisional que un juez federal había otorgado al grupo musical Los Alegres del Barranco, con la que pretendían seguir interpretando narcocorridos en Michoacán.
Por decisión unánime, los magistrados Miguel Ángel Mancilla Núñez, Mario Oscar Lugo Ramírez y Darío Carlos Contreras Favila determinaron que la suspensión concedida por el Juez Primero de Distrito, Sergio Santamaría Chamú, era improcedente, ya que permitía la posible consumación de un delito previsto en el artículo 208 del Código Penal Federal, que sanciona la apología del delito.
Con esta resolución, vuelve a estar vigente la prohibición establecida por el gobierno de Michoacán desde el 16 de abril de 2025, que impide la reproducción e interpretación de narcocorridos en espectáculos públicos en el estado.
Sin embargo, el Tribunal aclaró que Los Alegres del Barranco pueden continuar realizando presentaciones, siempre y cuando se abstengan de interpretar canciones que promuevan o glorifiquen a grupos delictivos o personas vinculadas a ellos. Sus derechos como músicos no se ven afectados, precisaron los magistrados.
El grupo sinaloense ha sido objeto de polémica desde finales de marzo, cuando interpretó en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, el corrido “El del palenque”, en homenaje a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras se proyectaban imágenes del capo en el escenario.
Días después, repitieron el acto en la plaza de toros de Uruapan, Michoacán, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado a abrir una carpeta de investigación. Además, se iniciaron otros procedimientos administrativos en su contra en otras entidades.
La resolución del Tribunal representa un nuevo revés legal para la agrupación, que intentó ampararse contra las restricciones impuestas en Michoacán, una entidad gravemente afectada por la violencia del crimen organizado.