La empresa Pecuaria Peninsular incumplió medidas correctivas desde  el año 2021, entre ellas descargas de aguas residuales sin permiso en Santa María Chi.

 

Mérida, Yucatán (Marcrix Noticias).– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y definitiva la granja porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en la comunidad de Santa María Chi, en Mérida, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas relacionadas con contaminación ambiental.

De acuerdo con la dependencia, entre las irregularidades más graves se encuentran la descarga directa de aguas residuales sin permiso, así como la omisión en la caracterización de los lodos generados por la granja. 

Pese a las órdenes emitidas, la empresa no cumplió con las acciones correctivas exigidas por las autoridades ambientales.

La Profepa informó que con esta clausura se busca que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, mediante la elaboración de un estudio de daño ambiental y el seguimiento a un plan de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio.

Las denuncias contra Pecuaria Peninsular y otras granjas porcícolas en la península se remontan a 2021, cuando comunidades mayas y organizaciones civiles advirtieron sobre los impactos negativos en pozos de agua, cenotes, cultivos agrícolas, biodiversidad y salud de la población.

La procuradora ambiental Mariana Boy Tamborrell, subrayó que este caso representa un avance en la lucha de los habitantes de la región. 

“Conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Hoy la Profepa trabaja con ellas para lograr esta clausura definitiva”, afirmó.

La Profepa recordó que ha realizado visitas de inspección a granjas porcícolas en más de 15 municipios de Yucatán, incluidas Muna, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal y Maxcanú, donde también se han detectado irregularidades ambientales.

Finalmente, la dependencia destacó que atender la problemática derivada de la industria porcícola en la Península de Yucatán es una prioridad, al tratarse de un sector con fuerte impacto ambiental. 

“Continuaremos trabajando para garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública, así como para asegurar el derecho humano a un entorno sano”, concluyó.

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